Joaquín Ortega tenía apenas 19 años. Se ganaba la vida trabajando para una empresa que proveía el servicio de “embellecimiento urbano” a la Municipalidad de San Miguel. Su tarea: pintar los postes de luz en la vía pública, primero con antióxido y luego con una pintura que armonizara el paisaje.
El pasado sábado 10 de mayo, al muchacho lo pasaron a buscar como cada mañana. Se subió a una camioneta Ford F-350 en la que se trasladaban a distintos puntos del distrito y esperó llegar a destino. Lo que nunca imaginó ni él ni su familia es que sería su último viaje, y que la esquina de Pilcomayo y Montevideo, en Bella Vista, se transformaría en una trampa mortal.
“Él trabajaba hace 6 meses en negro para la empresa GEA Group, que había ganado la licitación para hacer mantenimiento de espacios verdes en la Municipalidad. Pero estuvimos averiguando y es una empresa fantasma, que no tiene dirección en ningún lado, porque las que indican son descampados”, contó Brian, el tío de Joaquín, a Primer Plano Online.
Lo que pasó aquella jornada fue verdaderamente dramático. Un compañero de Joaquín, identificado como Roberto Damián Mora (36, vecino de Villa Tesei, en Hurlingham) subió con el hidroelevador para iniciar la pintura del poste desde arriba. Sin embargo, por allí pasaba un cable de media tensión y, por no contar con los elementos de seguridad para realizar ese trabajo, fue succionado por una descarga eléctrica.
Un arco voltaico que se expandió por varios metros
El arco voltaico fue tal que alcanzó hasta la base del poste, en donde estaba Joaquín: el chico murió electrocutado como consecuencia de lo que pasó a varios metros suyos. Según consta en la descripción del sumario policial del momento, en medio de la conmoción y las dos muertes se hizo presente un sujeto que se presentó como “responsable de la cuadrilla”, identificado a la postre como Aníbal Sidán.
“Ese hombre es el que contrató a mi sobrino”, indicó el tío de Joaquín, quien también narró que el otro dueño de la firma “es Agustín Brondo y ambos son amigos íntimos del intendente Jaime Méndez”. De hecho, el jefe comunal se presentó en la vivienda de la familia del muchacho fallecido pocos días después del hecho. “Mi sobrino murió un sábado y al martes siguiente vino a nuestra casa. Se sentó, dijo ‘los escucho’ y se fue sin darnos ninguna respuesta”, refirió el familiar.
Otros dos compañeros de los fallecidos, que se habían alejado unos metros de la camioneta, fueron encontrados en shock por la Policía. Ambos debieron ser trasladados en ambulancia al hospital Larcade, en donde quedaron internados en terapia intensiva. Se trata de Cristian Alejandro Cáceres (31, domiciliado en Moreno) y de Jorge Alejandro Ledesma (44, vecino de Grand Bourg), quienes también formaban parte de la cuadrilla y sobrevivieron de milagro.
Varios elementos se desprenden de lo sucedido: primero, las dos víctimas fatales no contaban con elementos de protección personal obligatorios para trabajar con tensión eléctrica como cascos, guantes y calzados dieléctricos, ropa de trabajo ignífuga y antiestática y arnés, entre otras. Tampoco habían tenido capacitación previa y se movilizaban en una camioneta de varios años de antigüedad.
Joaquín Ortega: crónica de una muerte evitable
“En el pliego de condiciones para la licitación la empresa debía presentar la nómina completa del personal, cosa que nunca hizo y pese a todo la ganó”, precisó a Primer Plano Online el abogado Edgardo Ramón López, representante legal de la familia de Joaquín. El letrado también detalló que el rodado en que se movilizaban está secuestrado por la justicia.
Si bien la causa tramita ante la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial San Martín bajo carátula de doble homicidio culposo pedirá que sea modificada y que incluya la figura del dolo eventual. Y otro dato delicado: desapareció el celular de Joaquín, en donde existían conversaciones del muchacho con sus compañeros que podrían ser pruebas fundamentales sobre la operatoria de la empresa. Por ese hecho hay otro expediente abierto.
Además, en la querella van a ir también contra la Municipalidad por la figura del incumplimiento de deberes de funcionario público a los responsables de contratar un servicio con estas condiciones. Por el momento Sidan y Brondo son los únicos imputados en la causa. “La muerte de Joaquín era evitable. Tuvo su vida en riesgo de manera permanente y deben responder por eso”, cerró el abogado.
Para finalizar, otro instrumento incorporado a la causa es que la Policía encontró un bidón de nafta de 10 litros al lado de la camioneta, combustible que todo indica se usaba para licuar la pintura y extender su rendimiento. Un combo verdaderamente letal que incumplió con todos los cánones de seguridad. Además, Joaquín estaba en pareja con la hija de Sidan, pero después de la tragedia nunca más tuvieron contacto ni con ella ni con él.
