Tras un procedimiento ordenado por la justicia y por el poder político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de la advertencia sobre el impacto en la salud, personal de la Policía porteña secuestró armas y 1.842.000 municiones de hidrogel de jugueterías de esa jurisdicción en el marco de una investigación abierta por la comercialización de estos elementos sin los permisos pertinentes.
Los operativos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Cámara Argentina del Juguete y de FECOBA, quienes “certificaron la peligrosidad de los productos ofrecidos a la venta”, se precisó oficialmente.
“Las armas con municiones de hidrogel son nocivas para la salud de los niños y niñas”, informaron fuentes con acceso al expediente en trámite, que recordaron que fue la propia Cámara Argentina de la Industria del Juguete la que advirtió que estas pistolas, en su mayoría importadas y comercializadas online, “no cumplen con las normas de seguridad argentinas” y “no deberían ser usadas por menores de 14 años”.

Según los especialistas, la peligrosidad del entretenimiento de moda (por fuera de la tecnología) radica en que “puede generar daños oculares”, además de “provocar asfixia si llega a entrar un disparo en la boca”. Hay otro tipo de lesiones paralelas como hematomas e inflamaciones en la piel de los más pequeños.
La Fiscalía de Delitos Complejos de CABA, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, dispuso la identificación y notificación de responsables de los locales inspeccionados como así también el secuestro de 27 armas y 1.842.000 municiones del mencionado material encontradas durante los operativos.
Los voceros indicaron que, del total de ocho locales ubicados en los barrios de Balvanera y Parque Chacabuco, dos de ellos no pudieron ser inspeccionados: uno porque estaba cerrado y el restante porque el dueño se negó al procedimiento, motivo por el cual, en consulta con el Ministerio Público Fiscal, la AGC labró un acta por obstrucción de procedimiento inspectivo.