Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que la población carcelaria llegó a 121.443 internos a fines de 2024, con creciente hacinamiento, detenciones preventivas y aumento de penas cortas, pese a que la criminalidad se mantuvo estable.
La tasa de encarcelamiento llegó a 258 presos por cada 100.000 habitantes, la más alta registrada, y creció a un ritmo mucho mayor que la población general.
El informe alertó sobre el hacinamiento extremo: el sistema operó al 130,2% de su capacidad, con provincias como Salta al 245% y San Juan y Buenos Aires también en niveles críticos. A pesar de que la infraestructura se amplió un 17,5% en jurisdicciones como Jujuy, Tucumán y Buenos Aires, el problema persiste.
En cuanto a la situación judicial, según revela el informe, el 62% de los internos tenía condena firme, mientras que el 37,3% permanecía en prisión preventiva, superando los 45.000 casos.
Los delitos más comunes fueron contra la propiedad (36,4%), contra las personas (21,7%) y contra la integridad sexual (20,5%). Se observaron diferencias de género: los hombres predominan en causas por robo, mientras que mujeres y población trans fueron mayoritariamente detenidas por estupefacientes (36,3% y 34%, respectivamente).
El informe también señaló un aumento de las penas cortas: el 17% de los condenados recibió hasta tres años de prisión, frente al 13,5% en 2022. La mayoría de los internos son varones jóvenes, entre 21 y 39 años, y los extranjeros representan el 4,5%, con predominio de paraguayos.
Por último, 256 personas se encuentran detenidas bajo medidas de seguridad por salud mental, concentradas en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Salta.
