Después de una semana de diligencias y allanamientos, la justicia de Morón tiene bajo su órbita prácticamente a la totalidad de las personas imputadas por ser parte de la organización encabezada por un abogado influencer acusada de estafar a la compañía de seguros Federación Patronal con siniestros viales.
Como informó Primer Plano Online en su edición de ayer, los últimos dos detenidos en el expediente que tramita ante la Fiscalía Nº 5 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, fueron los abogados Gastón Tardini, quien fue hallado en un presunto estudio jurídico de Vicente López, y Matías Rodrigo Giovanelli, considerado como el cerebro de la organización y quien se entregó ayer.
El último engranaje de la estructura que falta detener es una mujer, sospechada de ser quien captaba clientes por redes sociales y luego hacía los pagos para fraguar los siniestros viales. Se trata de Micaela Carla Palmisano, quien desapareció de los lugares que solía frecuentar y no logra ser ubicada por los investigadores. Tampoco presentó a ningún representante legal en la causa para ponerse a derecho.
La acusación que pesa sobre la mujer, que es la titular de la cuenta de Mercado Pago desde donde recibían transferencias los falsos denunciantes de siniestros viales, es la de estafas reiteradas en grado de tentativa en cinco hechos, todos ellos concursando realmente entre sí. En su caso es considerada para la justicia como coautora. Su rostro aparece publicado por primera vez en este artículo.
‘Noelia’ y sus misteriosas transferencias
Según consta en el expediente judicial, en lo que atañe a la intervención de las personas aseguradas en la compañía que denunció la maniobra y también aquellas que aparecían como “lesionadas”, los investigadores analizaron que “se aprecia un ánimo asociativo de contribución participativa que, de un modo u otro, amplía la potencialidad operativa individual para concretar la maniobra defraudatoria”.
Ahí es donde toma relevancia el rol de Palmisano en la estructura. “Se esconde bajo el nombre de ‘Noelia’, y su rol consiste en reclutar a asegurados y terceros dispuestos a cometer delitos indeterminados, por caso, las fraudulentas denuncias de siniestros y la firma o utilización de falsos documentos públicos o privados-, a los que se ofrece por ello el pago de una suma de dinero”.
En todos los casos había una paga suculenta a quien aceptara fraguar un accidente de tránsito, que variaba entre los 500 mil y los 200 mil pesos, según lo que luego se calculara cobrar al final del trámite. “Los reclamos fueron gestionados ante la compañía utilizando documentos y poderes judiciales apócrifos, actuando en forma coordinada los jefes u organizadores y los diversos miembros de la asociación ilícita”, expuso la Fiscalía en la argumentación para solicitar los procedimientos de rigor.
¿Una asociación ilícita?
Ahí es donde puede observarse una posible imputación mayor: el delito de asociación ilícita si es que se logra reunir la prueba que vincule a todos los integrantes de la organización entre sí. Por lo pronto, para la justicia “no se trató de una constelación de coincidencias sino de un acuerdo de voluntades combinadas inteligentemente dentro de un designio común y sostenidas en el tiempo”.
Y por eso también la mayor imputación sobre los abogados Tardini y Giovanelli. “El carácter de jefes u organizadores de la asociación ilícita que tienen radica, entre otros motivos, en el poder de decisión y mando que tienen en relación con los restantes integrantes, en tanto fueron ellos quienes presentaron los poderes aparentemente apócrifos e iniciaron los reclamos ante la compañía aseguradora”, subrayaron los fiscales.
Y un último dato en relación a las acusaciones. Hay 5 casos en los que Federación Patronal pagó y otros 6, de los 11 denunciados, en los que la compañía detectó la maniobra y evitó abonar las respectivas indemnizaciones, por eso quedaron en tentativa. Allí lo que hubo fue principio de ejecución que se vio frustrado porque los propios abogados de la firma descubrieron que algo no cerraba.
Excarcelaciones denegadas
Como informó Primer Plano Online ayer, la jueza Karina De Luca, titular del Juzgado de Garantías Nº 6 de Morón, rechazó otorgar las excarcelaciones solicitadas por las defensas de los abogados Juan Carlos Carvallo y Susana Alejandra Beatriz Lucas y de la médica clínica Ariana Frank.
A Cavallo la justicia le imputa en calidad de autor los delitos de uso de documento privado falso reiterado -en cuatro hechos-, y estafas reiteradas -idéntica cantidad, uno de ellos en grado de tentativa- todos en concurso real entre sí. A Lucas, en tanto, la acusan de uso de documento privado falso y estafa, ambos en concurso real y también como autora. Frank, por su parte, enfrenta cargos por estafas reiteradas en grado de tentativa en cuatro hechos.
¿Por qué no son excarcelados? “Entorpecimiento del proceso” y “peligro de fuga” son los argumentos centrales a los que apeló la jueza. La magistrada incluso rechazó el planteo de la defensa de la médica, que es madre soltera de un niño de 2 años que “depende exclusivamente de ella para su cuidado y sustento”. “Eso no resulta un presupuesto para la concesión del beneficio de excarcelación”, determinó De Luca.
