El lobby empresario y el criterio de negocio por sobre el de acceso a los medicamentos finalmente se impuso. Según información exclusiva a la que tuvo acceso Primer Plano On Line, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas (fue sancionada en noviembre de 1987) es inconstitucional, por lo cual el dictamen del jefe transitorio de los fiscales habilita el desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense.
En concreto, el dictamen sugiere abrir la queja presentada por la multinacional, declarar el artículo 14 de le Ley 10.606 como inconstitucional (que refiere a la autorización para operar farmacias), y devolver el expediente a la provincia para que la Suprema Corte bonaerense se expida sobre el artículo 3 de la norma, que establece que “las farmacias, por ser una extensión del sistema de salud, estarán racionalmente distribuidas en el territorio provincial, a fin de asegurar la atención y calidad de su servicio” y que “se autorizará la habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad, tomándose como base los datos arrojados por el último Censo Nacional de Población”.
TEXTO COMPLETO DE LA LEY DE FARMACIAS:
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10606.html
La noticia cayó como un disparo al corazón de los farmacéuticos de distintas regiones de la provincia, que desde el año pasado están motorizando acciones para evitar que la multinacional arribe a los Municipios por la competencia desleal que representa el modelo de farma-shopping y porque los medicamentos pasarán a ser bienes de mercado y de consumo masivo por sobre el modelo sanitarista actual, que entiende que el medicamento es un bien social y de uso racional, la farmacia un centro sanitario correctamente distribuido en toda la superficie de la provincia y atendido por un profesional farmacéutico.
A partir del dictamen del procurador, ahora la estrategia de los farmacéuticos ahora queda en manos del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, que marcará los pasos a seguir para continuar con la batalla judicial en defensa del actual sistema.
