Ante la suspensión de las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses por la pandemia de coronavirus, la justicia, con el aval de las autoridades sanitarias, avaló la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan contar con teléfonos celulares para estar contactados con sus familias.
En concreto, hace tres meses que los internos no reciben a sus seres queridos para tener contacto personal. La medida es para evitar que el coronavirus ingrese a las cárceles, y eso abarca también a docentes que brindan diferentes cursos y capacitaciones para los presos, y también implica un estricto protocolo para el personal penitenciario al entrar y salir de cada penal.
Pero el dato que se conoció luego de la exposición que realizó el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, ante dos comisiones de la Cámara de Diputados provincial, es que ya son 22 mil los celulares registrados en los presidios que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“Entre otras cosas, los teléfonos permitieron que los privados de la libertad continúen con sus estudios primarios, secundarios, con la universidad, y con demás cursos que estaban realizando antes de la pandemia”, explicaron fuentes del SPB a Primer Plano Online. “El temor que hay en la comunidad, de que los presos puedan usar los aparatos para cometer delitos, con cada teléfono registrado eso es mucho más fácil de controlar”, especificaron.
Hace poco hubo un episodio del que fue víctima la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, que denunció haber recibido amenazas por parte del condenado por haberle disparado en la salidera bancaria que sufrió. Sin embargo, hasta el momento no se logró establecer si ese llamado fue hecho desde un celular alejado en la cárcel o desde afuera.
En el encuentro virtual con legisladores, el ministro Alak también se refirió al plan de infraestructura que prevé la construcción de dos mil plazas carcelarias y subrayó que «por primera vez en la historia con fondos nacionales se llevarán a cabo obras para contar con 12 centros médicos modulares».
En la misma línea, se destacó el logro de la conectividad informática de todas las unidades penitenciarias y alcaidías, lo que no sólo redunda en seguridad, sino que permite ahorrar 90 millones de pesos en traslados de detenidos, seguros y gastos de combustible.
