¿De quién es la culpa de la experiencia que vivió un pibe de 19 años, 44 días preso por un delito grave que no cometió, o por el cual no hay pruebas para incriminarlo? Este ensayo de Primer Plano On Line, basado en hechos concretos y en lo escrito en el papel por la propia justicia, es una suerte de acercamiento a lo grave que puede resultar que tanto las fuerzas de seguridad como los jueces tengan vía libre para actuar.
En el texto de 107 páginas mediante el cual el juez federal Claudio Bonadío procesó al muchacho pese a que le otorgó la libertad tras estar privado de su libertad por casi un mes y medio, con el agravante de haber pasado las fiestas de Navidad y Año Nuevo tras las rejas se empieza a vislumbrar una suerte de respuesta, luego confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Allí, el polémico juez le adjudica a Rossano un delito que no cometió pero, además, considera que son agravantes hechos que en rigor no tienen nada de delictuales.
“Esteban Sebastián ROSSANO dijo que ese día, como lo hace habitualmente cuando tiene dinero, decidió venir con su amigo al Mc Donald’s de la zona del Obelisco, que tomaron el subte de la línea A en Once y al bajar en la parada siguiente al Congreso, escuchan una explosión por lo que deciden bajar nuevamente al interior de la estación”. Así comienza el auto de procesamiento del magistrado hacia el joven moronense.
Y sigue el relato. “Luego salen pero lo hacen por la otra escalera, al salir observan que la calle estaba llena de piedras, vidrios y tachos de basura rotos. Que deciden caminar por la Avenida hacia el Congreso, para grabar lo que estaba pasando. Al llegar al Congreso por Rivadavia doblan en Callao y caminan por esta arteria tres cuadras, luego deciden regresar para el lado del Congreso, conforme lo explicó en su ampliación porque no querían perderse. Al encontrarse a media cuadra del Congreso, una persona les dice que se fueran porque los iban a detener y regresan por Callao hacia Mitre, momento en que los gendarmes salen del vallado y es detenido”.
Posteriormente, Bonadío agrega: “Que le quitaron la mochila -la cual quedó en la camioneta- y que fue posteriormente y ya en presencia de testigos cuando la volvió a ver: la abrieron y extrajeron objetos que tenía adentro, reconociendo como suyos dos pantalones de gimnasia y una remera roja y desconociendo dos piedras y panfletos sucios que extrajeron también de la misma. En este caso, el hallazgo de los elementos propios para la agresión que describe el acta de procedimiento, es elocuente respecto lo que sería su participación”.
Interpretación fáctica: dos piedras y panfletos sucios que el propio imputado desconoció lo hacen, para el juez, como responsable de atentado a la autoridad, intimidación pública y demás circunstancias que provocaron un caos en la vía pública con la única finalidad de impedir que el Congreso sesione. Es más: además del procesamiento trabó un embargo de 100 mil pesos sobre sus bienes.
Rossano fue detenido en la primera manifestación contra la reforma en el cálculo para liquidar jubilaciones, pensiones y el monto que perciben los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los veteranos de Malvinas. Es una ley que todavía sigue resistencia en la clase política, a punto tal que se siguen juntando firmas para que la norma se revea. Pero, así haya estado participando de la manifestación que terminó con incidentes, cosa que el chico negó, eso no lo hace un potencial delincuente. ¿Se puede tener presa a una persona por las dudas?
El tribunal superior de justicia porteño revisó lo actuado por Bonadío y confirmó el procesamiento de 23 personas por hechos puntuales de atentados contra la autoridad –entre otros-, aunque descartó en todos los casos la aplicación de la figura de intimidación pública. Tanto en el caso de Rossano como en el de los otros involucrados de manera arbitraria, los camaristas advirtieron que “no se los ha reconocido en las imágenes fílmicas y fotográficas en actitudes compatibles con la imputación que se les efectúa”. Dice textual la resolución: “Tampoco se han incorporado testimonios que puntualmente involucren a Oscar Alberto Basteiro, Mariela Estefanía Camera Da Boa Morte, Rubén Darío Mansilla, Esteban Sebastián Rossano y Roberto Oscar Plata Zelada en las situaciones descriptas, en virtud de lo cual sus procesamientos habrán de ser revocados”.
Primer Plano On Line habló con varios juristas y abogados para intentar descifrar cuál es la metodología a utilizar en estos casos y la mayoría, con condicionamientos, coincidió en que hacerle un juicio al Estado es una pérdida de tiempo porque hay jurisprudencia que indica que estas situaciones “forman parte del costo de vivir en comunidad”. La figura de abuso de autoridad tampoco le cabe a un juez, y en tal caso debería pedírsele un juicio político, algo que primero requiere un trámite engorroso y mayorías especiales en el Consejo de la Magistratura y luego es prácticamente imposible de probar que el juez actuó de esa manera, porque podrá argumentar sus decisiones en las pruebas recolectadas por los fiscales y efectivos policiales intervinientes.
O sea que luego de pasar 44 días preso, en condiciones de extrema vulnerabilidad y con la estigmatización que eso implica pese a ser inocente, la familia Rossano tendrá que olvidar este capítulo que le tocó vivir y mirar hacia adelante esperando que sea apenas una pesadilla que no se repita. Los límites que decidió cruzar el Gobierno empoderando nuevamente a las fuerzas de seguridad, está claro, tiene un límite fronterizo con lo constitucional.
