Por Cecilia García (*)
Esta ley lleva el nombre de una activista ambiental: Yolanda Ortiz. Fue la primera mujer en ejercer un cargo jerárquico de tal importancia en América Latina, como primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.
La funcionaria consideraba que la educación era un valor fundamental para repensar el desarrollo y cuidar nuestra casa común: la tierra. Defendía la idea de que el trabajo individual, por sí solo no conducía a nada y que el desafío de los problemas ambientales requería de un trabajo colectivo con todos los sectores de la sociedad.
Fue ella quien a través de su activismo ambiental inició un debate necesario para fomentar un modelo de país sostenible durante los próximos años.
La ley 27.592, sancionada en 2020, establece principalmente la obligación de recibir una capacitación integral en temáticas ambientales, con un enfoque especial en temas relacionados con el cambio climático. Estas capacitaciones son para todas las personas que desempeñen un rol en la función pública, en cualquiera de todos sus niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Los principales temas que se abordan son:
- Saber ambiental
- Desarrollo sostenible
- Economía circular
- Cambio climático
- Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas
- Eficiencia energética
- Energías renovables.
La ley promueve la formación ambiental de todos los sectores, pero principalmente de aquellos que planifican e implementan políticas públicas, para generar un desarrollo sostenible del país, que se basa en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural.
En los últimos dos años, varios municipios argentinos y distintos organismos nacionales y provinciales han empezado con las capacitaciones, y muchas han sido las medidas ambientales impulsadas. Algunas de ellas se enfocan en la gestión de residuos sólidos urbanos, campañas de concientización para modificar los hábitos de consumo y sobre la transición hacia una economía circular en los distintos lugares del país.
Los numerosos desafíos ambientales de hoy requieren la participación de todos los sectores de la sociedad, en especial de aquellos responsables de formular y ejecutar políticas públicas.
(*) Cecilia García es Técnica en Gestión Ambiental
