El menor de edad, del cual no se puede revelar la identidad, volvió a llegar a los Tribunales de Morón acompañado por su tío. Entró a la Sala Fermín Parera y se sentó en una de las sillas laterales, dispuestas en estos casos para los acusados. Escuchó los pedidos de pena realizados por el fiscal Gabriel Iturri pero fijó su mirada en el suelo. Y cuando los jueces lo invitaron a pasar para pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto prefirió no hacerlo: optó por el silencio.
Había escuchado, pocos minutos antes, un pedido de condena a 15 años de cárcel realizado por la Fiscalía, que representó a la familia de Juan Gregorio Díaz. Para los allegados a la víctima fatal y el funcionario acusador está probado que fue ese chico de ojos celestes marcados quien le disparó al empleado de mantenimiento de la clínica DIM de Ramos Mejía cuando regresaba de buscar a su hijo, Juan Ignacio, del Colegio Parroquial Santa Marta, de Hurlingham. Todo ocurrió la noche del 7 de junio de 2018.
El objetivo de aquello definido como “una cacería” por los investigadores fue intentar robarle la moto en la que viajaban padre e hijo. A los Díaz, padre e hijo, les dispararon en plena vía pública y en movimiento. Al papá le pegaron un tiro en la espalda, y llegó manejando hasta una esquina de Kiernan y Oruro, en la que se bajó de la moto porque no pudo más. A su hijo lo balearon en un brazo, y lo expusieron a ver cómo su padre agonizaba. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, y murió mientras lo operaban. Tuvo dos paros cardíacos y los médicos no lograron reanimarlo.
Juan Ignacio, bajo un ataque de nervios y conmoción, le vio la cara a uno de los atacantes, que actuó a cara descubierta. Luego de algunos días, cuando la justicia lo llamó para reconocerlo, lo señaló a través de un vidrio. Y recordó que era alguien del barrio, con quien jugaba a la pelota de chico. A ese menor los investigadores llegaron tras haber sido señalado por un testigo de identidad reservada. En la casa en la que lo arrestaron se secuestraron motopartes de vehículos que habían sido robados y tenían pedido de secuestro y varias chapas patentes.
Ahora, en el juicio que terminó el viernes pasado en Morón y que aguarda sentencia para el 13 de noviembre próximo, se le acumulan varias causas al joven de ojos celeste: el homicidio de Juan Gregorio, el intento de homicidio de Juan Ignacio, sumado al robo agravado por el uso de arma de fuego y a la tenencia ilegal de arma de fuego. Si fuera mayor, por la escala penal tendría perpetua. Al ser menor, el máximo previsto es el que pidió la Fiscalía.
“Mi hijo, con 16 años, se puso al hombro el objetivo de hacer justicia por el crimen de su papá. Creo que una condena ejemplar sería algo justo para él, que siendo tan chico tuvo que pasar por todo esto”, indicó Vanesa Asís, viuda de Juan Gregorio y mamá de Juan Ignacio, a quien describe con orgullo de madre. Su hijo se hizo hombre en un abrir y cerrar de ojos.
La familia convocará a Tribunales de Morón a una marcha para el día de la sentencia, a la que el acusado llegará en libertad, al cuidado de su tío. Es un pedido hecho por los excompañeros de Juan Gregorio, trabajadoras y trabajadores de la Clínica DIM, de Ramos Mejía. En las instalaciones de ese centro de salud se ilumina a diario una placa en su memoria y allí también trabaja su mujer, en lo que fue un reconocimiento de las autoridades a la familia: le ofrecieron trabajo en la parte administrativa para que a los hijos de la víctima no les falte nada.
Del cómplice no se sabe nada. Es el que manejaba la moto, pero nunca la investigación avanzó en esa dirección. Es que iba con casco y nadie pudo reconocerlo, y el menor imputado no habló de él en ningún momento.
