El fiscal federal Nº 2 de Morón, Carlos Hernán García, solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que está imputado Carlos Darío Lares, de 30 años, acusado de haber llevado adelante una serie de llamados telefónicos en los que amenazó con colocar una bomba para matar a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Del expediente se conoció que de la casa del ahora imputado se secuestró una granada marca FK2. El delito penal que recae sobre Lares es el de intimidación pública, en concurso ideal con el de tenencia de material explosivo sin la debida autorización legal. El imputado permanece detenido.
Después de las amenazas, la gobernadora se mudó por su seguridad a la Base Aérea de Palomar, donde vive con sus hijos tras la separación de su marido, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Al revisarse los casi veinte elementos de prueba incorporados a la causa, el fiscal García consideró que en agosto del año pasado Lares efectuó las llamadas intimidantes al 911 desde el teléfono celular de su sobrina menor de edad, “bajo la creencia de no ser identificado”.
El representante del Ministerio Público resaltó en su dictamen que Lares “amenazó con la comisión de un delito que atañe a la sociedad, no sólo por la calidad de funcionaria pública que reviste Vidal, sino porque la circunstancia de haber hecho deflagrar la granada habría afectado a otros integrantes de la comunidad y, claro está, al grupo familiar de la gobernadora”.
Para el fiscal federal, el acusado “logró infundir temor público y producir conmoción social, ya que sus amenazas fueron idóneas para transcender públicamente, además de tomar estado en los medios de comunicación masivos”. Además agregó que esto provocó que se refuerce el servicio de custodia.
En el escrito que presentó García ante el juez Jorge Rodríguez se detalla que durante la investigación se ordenó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón el allanamiento de la vivienda del imputado. En el procedimiento se secuestró el celular utilizado en los llamados intimidatorios, y en un galpón se incautó la granada de mano de industria nacional. Cabe destacar que personal de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad realizó la detonación de la granada en un espacio público y despejado, ante la presencia de un testigo.