Personas con discapacidad y familias, junto a prestadores de diversos servicios para el sector, vuelven a marchar este miércoles 4 de junio hacia el Congreso nacional a la espera del tratamiento de un proyecto de ley para declarar en emergencia al sector y contrarrestar lo que denominan una política de “oídos sordos” y “destrucción” encarnada por la administración de Javier Milei.
Apuntan, en sus planteos, contra Diego Spagnnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. En su posicionamiento público, el colectivo afirma que las decisiones de ambas autoridades “afectan gravemente los cimientos del entramado social y atentan contra derechos fundamentales como la educación, la rehabilitación, el transporte y la atención integral, garantizados por la Ley 24.901”.
Pese a que la oposición todavía intenta reunir voluntades para avanzar con la iniciativa, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya adelantó que, en caso de aprobarse, el Presidente vetará la ley. “Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características y, si se hace, obviamente el Ejecutivo la va a vetar”, aclaró el ministro coordinador.
Inviable sostener las prestaciones con aranceles retrasados
Desde el Foro Permanente, en tanto, insisten en denunciar que “es inviable” sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas.
Esa es una responsabilidad indelegable del Estado Nacional, que es quien debe establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida. “De no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de Personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”, enfatizaron.
“Es imprescindible apelar a todas las herramientas legales y democráticas disponibles para señalar y exigir responsabilidad a quienes no obran con justicia, incumplen la ley y desconocen la Constitución Nacional que han jurado respetar. La omisión y la indiferencia no pueden ser toleradas cuando están en juego los derechos fundamentales de un sector históricamente vulnerado”, concluyeron.
