Por insólito que parezca, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llamarán el próximo miércoles 14 de diciembre a declarar la emergencia pericial en la provincia de Buenos Aires a raíz de lo que el gremio define como una “gravísima crisis estructural y funcional que vive el sector desde hace años”.
Para explicarlo de un modo simple: cada vez que existe una denuncia de cualquier índole que afecta intereses y amerita una investigación judicial, por caso violencia de género, contra las infancias, siniestros viales, homicidios, casos de gatillo fácil y demás, en cada uno de los expedientes intervienen profesionales periciales que son quienes, con sus conocimientos y experiencia, dan certezas a quienes conducen la búsqueda de la verdad.
Pueden ser psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, criminalistas, siempre personas con estudios universitarios que resultan clave para el devenir de las causas. Muchas veces se informa como al pasar sobre “pericias que serán fundamentales” para conocer más sobre un determinado hecho, pero pocas veces se posa la mirada en quienes las realizan.
Pues bien: ahora ese grupo de profesionales, 2.500 en total en toda la provincia de Buenos Aires, sale a advertir que no da abasto frente al incremento exponencial de la demanda que afronta en la última década. “Esa demanda de litigiosidad que plantea la sociedad no está siendo acompañada con la ampliación de plantas funcionales de peritos que pueda dar respuesta”, describió a Primer Plano Online Erica Velázquez, quien además de ser parte de la Comisión Provincial de Peritos integra la AJB en Morón.
“Como no hay profesionales suficientes, los plazos se demoran y eso pone incluso en riesgo la vida de víctimas, que necesitan de respuestas inmediatas frente a una denuncia. Como nosotros entendemos lo que implica, hay peritos trabajando fuera de horario, los fines de semana, porque los equipos no solamente que no se amplían sino que se reducen, ya que muchos trabajadores migran a otras jurisdicciones”, agregó la dirigente sindical.
En concreto, desde el sindicato plantean que no dan los números de profesionales disponibles y que es inevitable que las causas tengan demoras muy pronunciadas. Hay, por caso, fecha para desde hoy a siete meses vista (julio de 2023) para la realización de determinada pericia. Eso no es por mala voluntad sino por el cúmulo de trabajo a ejecutar. “La planta es de un tercio de lo que se necesita. Hay 2.500 peritos para los 20 Departamentos Judiciales y en todas las disciplinas que hasta usan recursos propios, como sus autos, para trasladarse hasta un lugar a realizar una pericia”, precisó Velázquez.
El próximo miércoles 14 de diciembre habrá un paro de peritos en todo el territorio bonaerense
Hay varios datos más paralelos que hacen a un fenómeno que preocupa y que impacta en forma directa con la prestación del servicio de justicia. Así como sucede con jueces, fiscales e instructores, la diferencia salarial con lo que percibe alguien que realiza idéntica tarea a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Nación es del triple, y cada vez que hay un concurso para cubrir vacantes en esas jurisdicciones peritos bonaerenses se presentan para acceder y casi siempre las ganan por el bagaje con el que cuentan por desempeñar sus labores en un territorio de tanta complejidad.
“Y después de eso, cuando quedan lugares vacantes, los nombramientos tardan entre ocho y diez meses. Se hace complejo seguir trabajando en estas condiciones y nos preocupa muchísimo que se limita el acceso a la justicia de la ciudadanía”, completó Velázquez, quien aclaró que, si alguna persona tiene fecha de pericia para el miércoles próximo, día del paro, deberá consultar en la Fiscalía actuante para cuándo se pasa.
El otro de los reclamos planteado por el sindicato es la falta carrera judicial. A poco de ingresar, quienes se desempeñan como peritos alcanzan el grado máximo y se pasan toda la vida de igual modo, sin variación salarial. Son muy pocas las categorías y no se les reconoce el título profesional, que les queda bloqueado para ejercer en el ámbito privado e inhabilita el cobro de bonificaciones.
