Un pedido de informes de la Corte Suprema puso en alerta la eventual continuidad del aeropuerto El Palomar, epicentro operativo de las aerolíneas low cost. Con tres firmas, y de manera sorpresiva, el máximo Tribunal tomó el caso y cursó al Gobierno un requerimiento para que aporte la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), previo a definir si trata el recurso de queja presentado por vecinos de Hurlingham contra el uso comercial de la base militar.
Por decisión de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la Corte solicitó al Ministerio de Transporte de la Nación, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que remitan la DIA junto con toda otra documentación respaldatoria, en un plazo no mayor al de treinta días hábiles.
Ese movimiento encendió las alarmas oficiales porque en el desarrollo del expediente ya se había reconocido que ese requisito no se había cumplimentado por considerarse que no era necesario. “El aeropuerto está funcionando en la ilegalidad desde febrero de 2018 por falta de estudio de impacto ambiental”, aseguró el abogado Lucas Marisi, entrevistado por Adrián Noriega en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano.
La discusión de fondo es si con la puesta en marcha del aeropuerto en febrero de 2018, se había cumplido con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que incluye la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental. El Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, aseguró que eso no era requisito indispensable para que se utilice como base aerocomercial, algo que terminó siendo avalado por la jueza Martina Forns, que rechazó el planteo vecinal basado en que no podían habilitarse los vuelos sin estos pasos previos, de acuerdo a la Ley General del Ambiente de la Nación (N° 25.675). La resolución fue confirmada en todas las instancias posteriores y se denegó el recurso extraordinario para escalar a la Corte, por eso decidieron ir “en queja”. La mayoría dio un primer paso clave antes de resolver el caso.
El pasado 16 de abril, la Corte cursó un oficio apoyado en “lo establecido por el artículo 32 de la Ley 25.675” -la norma de Ambiente que citaron los municipios- para que “informen cuál es el organismo competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (conforme artículos 11 y subsiguientes de la Ley 25.675) en lo referente a la habilitación de la actividad aerocomercial en el Aeropuerto de El Palomar, sito en el partido de Morón”, indicó el máximo tribunal de justicia.
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“En su caso, la autoridad competente deberá acompañar copia de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental y toda la documentación relacionada a dicha decisión”, puntualizaron. El problema es técnico: el Gobierno ya admitió que no existe lo que ahora pide la Corte para anexar a su expediente. “No descarto que el gobierno intente dibujar un informe apócrifo. Si la Corte tiene la voluntad de hacer cumplir la ley el aeropuerto no debería seguir operando”, continuó Marisi.
Para terminar de configurar el escenario de alerta, fue el propio gobierno el que contestó el 26 de febrero de este año que la Cámara no había remarcado que no existía la DIA como aseguraba la apelación de los demandantes, sino que se requirieron estudios previos y bimestrales para monitorear los efectos del ruido (por incremento de actividad) a una estación aérea que ya contaba con una habilitación. Ahora la pelota está en el campo de los funcionarios gubernamentales, que deben responder al pedido judicial.
