La presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, dijo que las tarifas del agua quedaron muy retrasadas», aunque aclaró que «hoy hay que recomponer el trabajo de las familias para poner a la Argentina en pie, y luego discutiremos un cuadro de tarifas lo más progresivo posible, donde quienes podamos paguemos y lo que menos tienen paguen menos».
La dirigente se refirió al tema de las tarifas en el contexto de un análisis que hizo sobre distintos puntos del discurso que dio el presidente Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. «Hay que esperar los 180 días que dispuso el Presidente para cuidar las economías familiares. Si bien el incremento de la tarifa de agua fue muy fuerte en 2018, luego en relación a las tarifas de energías eléctricas, peajes y a las tarifas vinculadas a las empresas amigas de aquel entonces, las de agua quedaron muy retrasadas», expresó Galmarini.
La tarifa del agua se encuentra congelada desde el último aumento que experimentó en mayo del año pasado, que fue del 27%. “Los incrementos del año 2019 fueron fijados contemplando el recupero de la mayor inflación ocurrida en el año 2018 con respecto a la prevista (+17% en enero), más una estimación de inflación para el año 2019 (+27% en mayo). La inflación real del año 2019 superó por casi el doble la considerada para otorgar el incremento tarifario.”, dijeron a El Cronista fuentes que siguieron de cerca la gestión de la empresa en el último periodo.
Las tarifas de AySA ya se habían incrementado un 216% en 2016 y un 23% en 2017. Más un alza del 26% a partir de mayo de 2018. No existen audiencias públicas vinculantes para fijar el próximo aumento del agua, por lo cual la gestión de Alberto Fernández podría definir alternativas como un aumento escalonado o incluso no incrementar el precio del servicio y subsidiar en mayor proporción la tarifa actual.
AySA ha conseguido durante el macrismo, a base de aumento de tarifas, equilibrar sus gastos operativos. En 2015 lo recaudado a través de los clientes cubría sólo el 15% de estos y el resto lo completaba Nación; los fondos para obras eran provistos en su totalidad por el Tesoro Nacional. En la actualidad, las operaciones son cubiertas en un 95% con lo recaudado por tarifas y Nación continúa aportando para el resto.
