El crimen de Diego Roda sigue siendo noticia. A 8 años y medio del asesinato, ocurrido la noche del 12 de septiembre de 2016, la justicia volvió a tomar una decisión que impacta de lleno en el trámite para determinar la responsabilidad del principal implicado en un caso que todo indica se trató de gatillo fácil policial.
Ahora, Primer Plano Online pudo confirmar con fuentes judiciales que la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal bonaerense aceptó el pedido realizado por Fernando Grané y el caso será juzgado en juicio por jurados. Es decir, un tribunal popular tendrá a su cargo determinar cuál es figura que le cabe de condena y luego un juez técnico será el que imponga el monto de la sentencia.
El tema es que para que el expolicía reciba la pena de prisión perpetua, que es el reclamo de la familia Roda, el veredicto del jurado popular debe ser por unanimidad, es decir, por los 12 integrantes. En donde exista una disidencia la perpetua se cae y se debe determinar qué figura logra consenso entre sus protagonistas.
En paralelo serán juzgados mediante un juicio técnico en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de Morón, cuya conformación todavía no está completa, los otros policías que están procesados en la causa. Se trata de Gerardo Gabriel San Miguel (detenido y con prisión preventiva por el crimen, al igual que Grané); Sergio Fabián Barrientos, Maximiliano Duarte y el actual comisario Diego Carreira. La fecha de ese debate aún no fue definida.
La postergación del juicio y una familia que no baja los brazos en su reclamo de justicia
Como informó Primer Plano Online, el juicio principal por el crimen del comerciante Diego Roda se postergó hace dos semanas: su inicio estaba previsto para el pasado 17 de febrero.
El motivo de la suspensión fue estrictamente técnico: como en el medio hubo juicios abreviados contra otros de los imputados, que fueron condenados a penas menores por delitos menores también, uno de los magistrados que integra el Tribunal Criminal (TOC) Nº 4 de Morón, Rodolfo Castañares, ya no puede intervenir en el nuevo debate, porque ya fijó opinión en el expediente. El subrogante designado, Juan Carlos Uboldi, también fijó sentencias, y además ya no forma parte del TOC.
Además, como a ese tribunal ya le faltaba un integrante en su conformación original (una de las tantas vacantes por cubrir en la justicia) hacían falta dos magistrados para completarlo. La primera designada fue la jueza Cecilia Drago, que al tiempo quedó también invalidada de intervenir: fue la que firmó las prisiones preventivas de Grané y San Miguel. El primero de ellos está acusado de homicidio calificado; el segundo, de tentativa de homicidio calificado, en ambos casos, agravados por ser miembros de una fuerza de seguridad y exceso de sus funciones.
El reglamento indica que se puede sortear entre cualquier magistrado para sumarse a un tribunal penal, pero a la defensa de la familia Roda, representada por el abogado Ismael Jalil, no le cerraba la idea de que un magistrado del fuero civil juzgue un caso de tamaña gravedad. Entonces manifestaron su acuerdo para postergar el debate, que tendrá como fiscal a Patricio Pagani. El letrado Gerónimo Podestá, quién representa a la viuda y dos de los hijos de Roda, avaló esta decisión.
El crimen de Diego Roda: un caso que conmocionó a la opinión pública
Como informó en reiterados artículos este medio, todo comenzó con el robo de una camioneta Peugeot Partner Patagónica en Caseros cuyos ladrones, tras una persecución y hasta un enfrentamiento con policías en el trayecto, terminaron abandonando en la calle Aguaribay, entre Saldán y El Delta de Villa Ariza.
Entonces los delincuentes fugaron a la carrera, pero un dato nunca pudo establecerse con certeza, y fue la dirección hacia la cual huyeron. Pasados 50 segundos llegó a ese lugar una comitiva integrada por agentes de la Policía Local de aquel momento, entre los que se encontraban Fernando Aníbal Grané, Gerardo Gabriel San Miguel, Camila Pazos y Maximiliano Ramos. Revisaron la camioneta y, al no hallar a sus ocupantes, Grané y San Miguel fueron en busca de los malvivientes, mientras el resto se quedó al lado del rodado.
En esas circunstancias los efectivos fueron advertidos de que los malvivientes huyeron por la calle El Delta, desde donde a la altura del 2.300 salía Roda con su esposa, Virginia Tueso, y el hijo de la pareja, de apenas 10 días de vida. Según quedó probado en la investigación llevada adelante por el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, los policías dispararon al menos cinco veces contra la humanidad del comerciante: tres con el arma de San Miguel y las otras dos con la de Grané.
El verdulero recibió un tiro en la región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda, que determinaron su muerte en el Instituto Médico Central, a donde fue llevado de urgencia. Su mujer, en tanto, sufrió dos heridas de bala en el antebrazo derecho. Al auto de Roda le dispararon 8 veces: una verdadera cacería.
Las otras condenas por el crimen del comerciante Diego Roda
Desde aquella fatídica noche del 12 de septiembre de 2016, el pedido de justicia de la familia Roda jamás se acalló y siempre encontró eco en Primer Plano Online, medio que siguió el caso como ningún otro y que hasta reveló cómo fue la reconstrucción que terminó con los policías detenidos. Incluso hace poco este medio informó también sobre las condenas en juicios abreviados contra cinco de los implicados en la trama.
La primera condenada también por el mecanismo de juicio abreviado había sido la expolicía Camila Fernanda Pazos (33), quien recibió la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por seis años para ejercer cargos públicos. La acusaron de los delitos de falso testimonio, encubrimiento agravado por la condición de funcionaria publica y falsedad ideológica de instrumento público.
Las otras personas condenadas en el caso fueron el excomisario Daniel Fernando Pérez; el exintegrante de la Policía Local de ese distrito Maximiliano Gastón Ramos; y la pareja de civiles compuesta por Alejandro Tomás Salomón y Johana Belén Vukman.
A los funcionarios policiales les cupo la pena de la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena (es decir, seis años) en orden a los delitos de encubrimiento agravado por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio.
Por su parte, a Salomón y a Vukman la sanción impuesta por la justicia fue de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ser parte de procesos judiciales, en ambos caos por los delitos de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado condena y pagar las costas del proceso.
