«Vamos a tener una revolución de la industria aerocomercial», fueron las palabras del presidente Mauricio Macri al encabezar un acto en Casa de Gobierno ayer por la tarde. En rigor, la revolución empezó por el anuncio de que de las 5 empresas que pidieron permiso para realizar vuelos de cabotaje sólo 3 lo obtuvieron, mientras que las discutidas Avianca y Flybondi quedaron, por el momento, afuera del negocio.
El Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás en la asignación de rutas aéreas a Avianca, que hasta el año pasado era propiedad del grupo Macri, en medio de un nuevo escándalo por conflicto de intereses. Como sucedió con la millonaria condonación de deuda a la familia presidencial por la administración del Correo Argentino, que también debió cancelarse por sospechas de corrupción, el macrismo decidió postergar el otorgamiento de espacio aéreo a Avianca en el mercado local.
Ocurre que el 1 de marzo pasado, el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente, a su padre Franco y a funcionarios y empresarios por “presuntas irregularidades” en la concesión de rutas a Avianca. La investigación penal es por la venta de la compañía MacAir a esa aerolínea, que luego sería beneficiada con rutas aéreas y la posibilidad de operar como una low cost en la Argentina, tras presentarse a una audiencia pública en diciembre último. La ANAC, a través de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, le había dado curso favorable a las 26 rutas pedidas por Avianca. Todas eran para operan desde Buenos Aires y llegar a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia y Sunchales, entre otras. La vía libre de la ANAC permitía a la colombiana Avianca operar en dos o tres meses las rutas aprobadas.
La denuncia conlleva la presunción de fraude en la venta de MacAir a Avianca por un supuesto acuerdo que habría incluido la promesa de garantizarle rutas de vuelo. El ministro Dietrich había defendido días atrás la asignación de rutas y señalado que no existía un conflicto de intereses en el proceso de otorgamiento. Calificó además de “totalmente descabellado” el planteo por los vínculos de uno de los dueños de Flybondi, Richard Guy Gluzman, con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. El fundador de Flybondi y FB Líneas Aéreas aparece cruzado en varias sociedades con Quintana, inclusive como vicepresidente de Pegasus, la empresa principal del funcionario. Además, desde marzo del año pasado, Gluzman fue incorporado a la función pública como empleado de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), con el cargo de “Coordinador de Mejoras Continuas”.
Pese a la defensa, el Gobierno eligió hacer lo mismo que había decidido en el escándalo por la condonación de deuda al grupo Macri por la administración del Correo: dar marcha atrás. Dado que la escalada judicial por el conflicto de intereses detrás de ambas compañías aéreas era imparable, se suspendieron las autorizaciones. Hoy se publicará la resolución con la asignación de las rutas que solicitaron las empresas Alas del Sur y American Jet para empezar a operar en cabotaje y Andes para sumar nuevos destinos, mientras que Flybondi y Avianca deberán esperar.
La primera, que iba a despegar de la Base Aérea de Morón, aún debe acompañar los contratos de compra de aviones. Y la segunda tendrá que aguardar a que se establezca el régimen de conflicto de intereses que Macri anunció que reglamentará en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.
