Agentes del Departamento de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal secuestraron prendas de vestir con marcas apócrifas valuadas en más de cuatro millones de pesos en sendos procedimientos ordenados por la justicia en un departamento de Morón norte y en una vivienda deshabitada sobre la avenida Roca, en Hurlingham.
Fuentes judiciales y policiales informaron a Primer Plano Online que la investigación se inició hace aproximadamente seis meses a raíz de una denuncia recibida en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, y quedó bajo la órbita de la Secretaría N° 11, cuyo responsable es Leonardo Cano.
“La presentación fue realizada por una de las marcas en cuestión, que se veía perjudicada por la falsificación”, precisó un vocero consultado por este medio. En rigor, las ventas se realizaban por una cuenta de Instagram y la organización contaba con un departamento que oficiaba de showroom para ir a ver en persona las prendas y un depósito en otra vivienda de Hurlingham.
Los investigadores establecieron que era un matrimonio el encargado de acondicionar la vestimenta para comercializar colocándoles los logos de marcas varias y sus respectivas etiquetas: Nike, Puma, Adidas y Jordan fueron las firmas que se presentaron en la justicia. Se ofrecía por la web y se pasaba a retirar en persona por los domicilios citados.
En total, en ambos procedimientos incautaron 1.100 prendas de vestir, en su mayoría femenina, gran cantidad de planchas con stickers de las marcas apócrifas; 50 pares de zapatillas; gran cantidad de calcomanías para sublimación; 8.300 dólares en efectivo y demás elementos de interés para la causa. La mercadería secuestrada quedó a disposición del magistrado interventor en la causa por infracción a la “Ley de Marcas”.
“Es un delito menor pero penal al fin. Por este tipo de hechos no se suele detener a las personas a las que se identifica, salvo que haya alguna situación que lo amerite. Y, en general, terminan haciendo una suspensión del juicio a prueba (probation), es decir, se terminan declarando culpables y se termina ahí”, completó la fuente consultada. Lo más importante, en estos casos, es cortar con la cadena de comercialización.
