En un contexto donde los diagnósticos de VIH y tuberculosis no dejan de aumentar, el despido del 40% de las y los trabajadores que formaban parte de los equipos de las direcciones y coordinaciones que desarrollaban políticas públicas orientadas a la salud “es directamente criminal”. Así lo denunciaron desde el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, un espacio que nuclea a pacientes que padecen esas patologías.
En un comunicado, la organización manifestó que “la salud pública no puede ser desmantelada ni desfinanciada, ya que esto pone en peligro la vida de miles de personas y aumenta la propagación de enfermedades”. Además, graficaron con crudeza que “estamos asistiendo a la planificación de un genocidio”.
“Nos quieren muertos”: el Ministerio de Salud echó al 40% de los trabajadores de la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis
— Prensa FESPROSA (@PrensaFESPROSA) January 30, 2025
“Esta decisión es directamente criminal”, denunciaron desde el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis.https://t.co/zkf2saOgVP pic.twitter.com/06TVEL27yQ
“Estas reparticiones no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país y de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios que permitían diseñar estrategias efectivas de intervención”, explicaron desde el frente. Las masivas cesantías en esas áreas aseguran que le quita “capacidad de respuesta” a la cartera sanitaria.
“La responsabilidad de garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población, por disposición de la Ley 27.674, es del Gobierno nacional”, recordaron desde la organización. Y agregaron que “la pretendida delegación de este rol a las provincias atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender a las necesidades de la comunidad”.
El comunicado fue respaldado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entidad desde la cual afirmaron que “es cada vez más acelerado el proceso de vaciamiento de la salud pública”. Ejemplificaron esa sentencia con los casos de los hospitales Posadas, ubicado en Morón, y Bonaparte: entre ambos establecimientos ya computaron un total de 300 despidos.