Familias de personas con discapacidad de todo el país reclamaron al unísono para frenar con el decreto que pretende desregular las prestaciones que brinda el Estado y cambiar la lógica a la que accede el sector, y se expresaron bajo una consigna: ‘Basta de ajuste’.
“Buscan destruir el Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad”, expresaron durante la manifestación, cuyo eje principal estuvo en la Quinta Presidencial de Olivos y a la que concurrieron representantes de instituciones que prestan servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas, hogares y centros de día.
Fue allí que el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Adrián Molero, que entregó en la Residencia de Olivos una carta al presidente de la Nación, Javier Milei, solicitando que desestime el decreto.
LA NORMA EN DEBATE
El pasado viernes 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas.
Traducido, esta decisión, interpretan desde el foro, va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga. Es decir, sólo podrán acceder a las prestaciones quienes puedan costearlas.
En otras palabras, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que ya no habrá un nomenclador único, sino que habrá aranceles según la cobertura. “Esto significa un retroceso en los derechos adquiridos del colectivo de discapacidad. Antes de la Ley 24.901, las instituciones no podían cubrir sus costos con las obras sociales, de aprobarse esta medida, el sector en su conjunto teme que vuelva a suceder”, señalaron.
“Las prestaciones a las que acceden 200.000 personas con discapacidad y más de 150.000 puestos de trabajo están en riesgo”, indicaron desde el foro, desde donde además se preguntaron: “¿los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accederán a las prestaciones? ¿Recibirán la misma calidad de servicio?”
“La historia pre Ley 24.901 nos indica que no será así. Por eso nos mantenemos en estado de alerta y exigimos el cese de esta medida”, concluyeron.
