La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a los abogados Matías Giovanelli y Juan Carlos Cavallo, acusados de ser parte de una organización que estafó a la compañía de seguros Federación Patronal. La resolución fue firmada por los camaristas Diego Grau y Fernando Bellido.
De todos modos, su salida del establecimiento carcelarios en que permanecen privados de su libertad no se concretó. El fallo salió el pasado viernes 26 y la justicia impuso una caución real de 30 millones de pesos a cada uno que deberán depositan en la sede del Banco Provincia de los Tribunales de Morón para hacer efectiva la morigeración.
Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron a Primer Plano Online que Giovanelli permanece alojado en la Alcaidía de Merlo desde el pasado 8 de julio, mientras que Juan Carlos Cavallo está desde el 17 de julio en la Unidad 34 Romero. Todavía no se fueron a sus casas porque la resolución judicial también impone que usen una tobillera electrónica para controlar sus movimientos, y no hay disponibilidad de esos dispositivos.
Ambos abogados permanecen procesados por los siguientes delitos: en el caso de Cavallo, uso de documento privado falso reiterado -cuatro hechos-, y estafas reiteradas -cuatro hechos-, uno de ellos en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí, mientras que Giovanelli por estafas reiteradas en grado de tentativa, -cinco hechos-, todos en concurso real entre sí.
No queda nadie detenido
Como resultado de las distintas diligencias judiciales, una vez que Giovanelli y Cavallo dejen sus respectivas unidades carcelarias no quedarán personas privadas de su libertad en este expediente, cuya investigación está en manos de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI Nº 5 de Morón.
Cabe recordar que ya había recibido el beneficio de la excarcelación extraordinaria a la abogada Susana Beatriz Lucas (esposa de Cavallo), quien fue diagnosticada con un tumor mesentérico por lo que debía ser sometida a una cirugía y posterior biopsia para determinar el tratamiento a seguir.
Ella también está acusada de integrar la banda de caranchos que estafó a la empresa Federación Patronal con falsos siniestros viales usando firmas de escribanías que fueron obtenidas de manera apócrifa. En su caso, la imputación es la de uso de documento privado falso y estafa en grado de tentativa, ambos en concurso real entre sí.
Idéntica resolución había adoptado la justicia con la médica clínica Ariana Frank, quien recibió el beneficio del arresto domiciliario y permanece detenida en su casa con monitoreo. El primer excarcelado en la causa fue el abogado Gastón Tardini, que está nombrado en un sólo hecho y la pena posible le permite continuar el proceso en esa condición.
La investigación contra la banda de caranchos
La causa se inició con la denuncia presentada por la mencionada compañía contra un grupo de profesionales que, utilizando poderes notariales falsificados, certificados médicos emitidos con diagnósticos inventados y presupuestos adulterados de talleres mecánicos, estafaron a la empresa con el cobro de indemnizaciones por presuntos siniestros viales.
En algunos casos, incluso, lograron cobrar importantes sumas de dinero en concepto de honorarios e indemnizaciones antes de que la aseguradora detectara el fraude. El monto de la suma no está establecido aún, pero según la defensa de Cavallo para pedir su morigeración “no supera los 2.700.000 pesos”.
Posteriormente, la empresa denunciante amplió su presentación: sumó otras 16 estafas detectadas en una auditoría interna. Eso es el capítulo que ahora se desarrolla en el marco de un proceso que tiene como única prófuga, con orden de captura nacional e internacional, a Carla Micaela Palmisano, titular de la cuenta de Mercado Pago desde donde recibían transferencias los falsos denunciantes de siniestros viales, es decir, un engranaje clave en la estructura.
