Se cayó la elección que el Concejo Deliberante de Morón tenía que realizar entre los once postulantes que no sufrieron impugnaciones y quedaban en carrera para la Defensoría del Pueblo y reemplazar al hasta ahora el único responsable del cargo en el distrito desde la creación de ese organismo a nivel local, Abraham Gak. Es que al actual defensor se le venció el mandato y permanece en su lugar luego de una prórroga acordada por los concejales.
Todos los postulantes fueron convocados individualmente por la comisión de seguimiento conformada por representantes de distintas fuerzas políticas en el cuerpo deliberativo. Solo una faltó a la convocatoria y lo hizo sin avisar: se trata de María Cristina Rodríguez (ex concejal y referente del Movimiento Evita en Morón), ausencia que cayó pésimo entre los ediles que la esperaban.
¿Por qué fracaso el proceso para elegir un nuevo defensor? La clave hay que buscarla en cómo están repartidas las bancas. Ningún postulante reúne las 16 voluntades que indica la ordenanza para ser electo, es decir, los dos tercios del cuerpo. Eso se desprende de un poroteo previo que realizó la presidenta del Concejo, Analía Zappulla. Si bien Cambiemos tiene mayoría propia (doce concejales y el voto doble, en caso de empate, de la titular del cuerpo) la oposición acumula otras doce manos, lo que hace a que lograr consensos sea una tarea titánica, muchas veces imposible, y mucho más en un año electoral. Hay siete concejales de Unidad Ciudadana, dos del Frente Renovador, y uno del GEN, otro del Partido Justicialista y el restante del Frente Renovador Tercera Posición.
La sesión para abordar el tema será convocada hacia el 7 de marzo, y tendrá carácter especial. Una semana más tarde, el 14, será convocada la primera sesión ordinaria de 2019. Más allá del fracaso, formalmente el Concejo Deliberante tiene que ser convocado para sesionar, tratar el tema y votar por cada uno de los candidatos. Una vez que finalice la votación a mano alzada y que el resultado sea el adelantado por Primer Plano Online, los concejales tendrán que barajar y dar de nuevo, es decir, trabajar en modificar la ordenanza que reglamenta el cargo del Defensor del Pueblo. “Así cómo está, no va. No corre, hay que realizar cambios importantes”, coincidieron en señalar a este medio fuentes deliberativas consultadas. Increíblemente pasa esto a una semana de la votación.
Una vez reformulada la ordenanza, tendrá que ser votada nuevamente por el Concejo y abrir un nuevo registro de postulantes. Algo realmente complicado de materializar en un año electoral. Es por ello que el mandato de Gak se pueda extender hasta 2020 y realizar todo el proceso descontaminado de la política partidaria que se cruzará con la gestión durante 2019. Aparte, ninguno de los bloques observa con malos ojos esa posibilidad.
En principio, cuando arrancó el proceso en 2018, la expectativa de personas inscriptas era mayor a lo que finalmente resultó. El principal escollo que detectaron en ese momento fue la magra dieta que debe percibir el Defensor, igual a la de un concejal (hoy $35.000). Otros de los puntos en cuestión es la incompatibilidad del cargo con otros empleos (sólo la docencia puede ser ejercida por el defensor en funciones).
