Cuando el Gobierno Nacional decidió quitar los subsidios en servicios públicos como luz, gas y agua, además de disponer un fuerte incremento en el valor del consumo, prometió amparar a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las personas discapacitadas, de bajos recursos y los jubilados, entre otros. Sin embargo, quienes pretenden sumarse y cumplimentar los trámites para acceder a la tarifa social aseguran que eso se ha vuelto “una pesadilla” para muchas familias, dado que no logran obtener con rapidez la confirmación de si están incluidas en el beneficio.
Así lo hicieron saber a Primer Plano On Line dos familias de Morón que aguardan por una solución: cuentan entre sus integrantes a dos personitas electrodependientes, protegidas incluso por una ordenanza municipal votada a finales de 2016.
“Nos preocupa muchos que se siga dilatando la situación y que no haya claridad en los requisitos de exclusión que inicialmente solo eran que no podían acceder a la Tarifa Social Federal quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 15 años de antigüedad o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo”, señalaron a Primer Plano On Line Jimena Gonella y Mariela Duarte, las mamás de Guillermina y Caterina, ambas niñas con patologías graves de nacimiento. Mientras a Guille le funciona sólo la mitad de su corazón, Cate debe estar conectada las 24 horas a un respirador artificial y a una sonda que la ayuda a digerir los alimentos.
Los papás de Caterina crearon la consigna ‘Luz para ellos’, y con ese lema exigen la sanción de una ley nacional que cubra las necesidades de las personas electrodependientes.
Consideran que no es suficiente ni corresponde que se llame Tarifa Social, ya que se solicita por razones de salud. “Juntos ya hemos presentado un proyecto de ley para que se contemple esta situación y tomamos contacto con muchas familias que requieren de la protección del Estado. Necesitamos que de manera URGENTE se le dé marco legal a la condición de electrodependiente de manera de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida muchos argentinos”, explicaron ambas madres.
La queja, en tono casi desesperante, también alcanza a las autoridades municipales. En diciembre de 2016 fue sancionada por el Concejo Deliberante de Morón la Ordenanza 77532/2016, por medio de la cual se crea el Registro de Personas con Discapacidad Electrodependientes en el distrito, con la finalidad de “brindar tranquilidad y mayor seguridad” ante posibles inconvenientes que puedan suscitarse por la falta de suministro eléctrico.
“Las familias electrodependientes esperamos que el intendente Ramiro Tagliaferro implemente rápidamente esta ordenanza”, concluyeron Jimena y Mariela.
LA HISTORIA DE GUILLERMINA LLORENS
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