La historia de A. es similar a la de muchas otras personas que buscan sus orígenes a partir del paso de los años. Ella es una chica que no conoció a su padre biológico desde el nacimiento porque el progenitor, luego de que la mamá de A. le confirmó el embarazo, huyó de su responsabilidad, y dejó en soledad a la mujer con la gestación. La beba finalmente nació y fue criada por su mamá y los abuelos, estos últimos claves en su formación.
La protagonista de esta historia vive con sus abuelos desde hace años, cuando su mamá armó una nueva pareja. Pero nunca el vínculo entre ambas se interrumpió, más allá de la distancia. De hecho, la madre de A. fue quien se animó a denunciar el calvario que atravesaba la joven, actualmente de 16 años. Todo se develó a partir de una publicación en la red social Facebook que la menor realizó con una frase: “ya no aguanto más las mentiras”.
Cuando su mamá la consultó sobre ese posteo, la niña primero le pidió que le prometa que no iba a decir nada y luego le envió una fotografía del vientre. Sorprendida, la mamá le preguntó qué había pasado y la menor le respondió: «creo que estoy embarazada, mamá, pero no te enojes: no es de L. (su noviecito de entonces en la escuela primaria, ambos con 12 años); es de Darío, de papá».
Semejante confesión dio lugar a la denuncia policial y a develar un caso aberrante, que se originó en una vivienda de la calle Trole al 600, en Ituzaingó, y continuó en la casa de los abuelos de la víctima, ubicada en Carlos Pellegrini al 1200, en San Antonio de Padua, partido de Merlo. Aquel embarazo no existió, pero sí las violaciones y las vejaciones a las que la joven era sometida.
El acusado por semejante aberración es Darío Altamiranda, quien llegó en libertad al juicio pese a haber estado detenido durante seis meses. Fue liberado por la Cámara de Apelaciones de Morón por cuestiones técnicas y, una vez concluido el debate, el fiscal Hernán Moyano solicitó un adelanto de veredicto al Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Morón, que lo consideró culpable de los reiterados abusos a la adolescente y ordenó su inmediata detención.
Luego llegó el dictado de la sentencia: 22 años de cárcel por al menos tres abusos sexuales simples y con acceso carnal contra la menor, agravado por el vínculo, dado que el imputado es ascendiente de la víctima, en concurso ideal con el delito de corrupción de una menor agravado por el vínculo. La niña tenía entre 11 y 12 años fue violada por el sujeto; actualmente tiene 16, está en pareja y embarazada, cursando el sexto mes de gestación.
“SIENDO TAN PEQUEÑA, LUCHÓ COMO NADIE PARA QUE LA VIDA LE DEVOLVIERA SU ÁNGEL PROTECTOR, MÁS PRONTAMENTE SUPO QUE A QUIEN HABÍA CONVOCADO HABÍA SIDO A SU PEOR DEMONIO”
La prueba fue contundente, tanto del relato de la chica a propósito de su angustia contenida ante los jueces como lo que ella narró en Cámara Gesell más lo aportado por los testigos. Incluso las pericias médicas demostraron las lesiones genitales de A.
En el fallo, el juez Diego Bonanno escribió: “A. empezó a exteriorizar su sueño reparador, aquel que le permitiría mágicamente calmar tanto dolor: quería conocer a su padre y revincularse con él, y tanto bregó por ello, que contando con tan solo 11 años, lo buscó en las redes sociales, lo encontró, y le escribió sin intervención de adultos espero que no te enojes, yo soy tu hija, quiero conocerte’. Siendo tan pequeña, luchó como nadie para que la vida le devolviera su ángel protector, más prontamente supo que a quien había convocado había sido a su peor demonio”. Sus palabras fueron ratificadas por Mariela Moralejo Rivera y Claudio Chaminade, los otros integrantes del tribunal, que rubricaron un fallo unánime.
Pero lo novedoso del caso llegó con el dictado de la sentencia y un pedido realizado por la asesora de incapaces, representante legal de A. ante la justicia. “No nos olvidemos que es una menor, que es víctima, está embarazada y hay un montón de derechos que debemos resguardar”, planteó la funcionaria judicial.
Ante ese planteo, el tribunal ordenó la intervención de los servicios locales de Niñez local (Merlo) y zonal (Morón) para que le garanticen a la menor los derechos que tiene vulnerados. Actualmente, A. tuvo que suspender la presencia en la escuela porque se sentía estigmatizada por el embarazo, está haciendo escolaridad a distancia, atraviesa una serie de dificultades que son propias de la carencia económica, y está en pareja con una persona mayor de edad con la que no puede convivir porque no tienen recursos. Serán tanto la asesora como los jueces los encargados de velar porque la petición se cumpla.
“Esta fiscalía quedó conforme con la sentencia dado que, si bien el daño que padeció la víctima es irreversible, la condena es un hecho reparador que al menos le permitirá cerrar una etapa y comenzar otra con otro impulso para seguir adelante con su vida”, indicó el fiscal Hernán Moyano a Primer Plano Online una vez conocido el veredicto.
