Mensajes con propuestas sexuales a una alumna: así estalló el escándalo en el colegio Edison de Ituzaingó

El caso que reveló ayer Primer Plano Online se convirtió luego en cadena nacional: en principio son alrededor de 20 las víctimas, incluida una niña de 7 años. Es el segundo episodio en una misma semana de delitos cometidos con alteración de imágenes de adolescentes en un establecimiento educativo. El director de la escuela reconoció que, ante los avances tecnológicos, los protocolos quedan rápidamente desactualizados.

El martes pasado, una alumna del colegio Thomas Alva Edison de Ituzaingó se presentó en el establecimiento y pidió hablar con la secretaria. En la charla le contó que estaba recibiendo mensajes de distintos números mediante la aplicación WhatsApp con “insinuaciones sexuales”. La adolescente, de 15 años, indagó con uno de sus interlocutores cómo había obtenido su contacto y la respuesta que recibió la dejó en shock.

“Están publicadas en una cuenta de Telegram vinculada con contenido pornográfico”, le expresó el sujeto que estaba del otro lado del chat. Efectivamente, la menor pudo corroborar luego que en esa red social se había difundido una imagen suya manipulada mediante Inteligencia Artificial, en la que colocaron el rostro de la estudiante sobre un cuerpo que no le correspondía y con una representación sexualizada acompañado por su número de teléfono personal.

Ese mismo día el colegio activó los protocolos vigentes. Contactó a la familia de la víctima y convocaron a su padre y a su madre para una reunión presencial el miércoles. En esa reunión, los progenitores de la menor dejaron en claro su convicción de realizar la denuncia penal por lo sucedido y la institución educativa acompañó la decisión. Todo quedó plasmado en un acta interna.

El papá y la mamá de la chica se dirigieron a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ituzaingó para hacer su exposición. Un día después, el propio director del colegio, Rodrigo Herrera, realizó una presentación espontánea en la justicia para acompañar lo denunciado por la familia. La situación se abordó como una vulneración de derechos y violencia en entornos digitales vinculadas con la creación y difusión no consentida de mujeres sexualizadas manipuladas con herramientas tecnológicas.

Protocolos desactualizados

Ayer viernes, luego de que el caso tomara estado público en la comunidad educativa y los acusados fueran señalados por sus propios compañeros, las autoridades del Edison realizaron una serie de encuentros con adultos responsables de estudiantes de 1° a 6° año de la Secundaria. En todos los casos se informó sobre lo ocurrido y cómo actuó la institución frente a un hecho que está tipificado como delito por el Código Penal.

En una breve rueda de prensa, el director de la institución, Rodrigo Herrera, detalló cómo intervino el equipo directivo frente a lo ocurrido y reconoció que la guía con herramientas “está desactualizada con los avances tecnológicos” que se dieron desde 2023 hasta hoy. Además, pidió “evitar la revictimización” de las chicas cuya imagen fue vulnerada.

El estudiante señalado como responsable de la alteración de las imágenes reconoció haber sido el autor del hecho y su familia tomó la decisión de no enviarlo más a la escuela en medio de “una fuerte sorpresa e indignación” por la acusación sobre el chico, también menor. Así lo informaron a Primer Plano Online fuentes que participaron de las reuniones.

El jueves mismo, cuando ya el escándalo había crecido internamente, un grupo de estudiantes acercó a la Dirección datos sobre una cuenta de la red social Instagram que pertenecía al mismo estudiante acusado a través de la cual mantenía conversaciones con otro alumno y compartía capturas de pantallas obtenidas de las redes sociales de compañeras. “Hasta hoy se estima que son 20 las estudiantes víctimas”, reconocieron desde el equipo directivo.

La investigación está en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, y transita bajo los criterios impuestos por el artículo 128 del Código Penal, que sanciona los delitos relacionados con la producción, distribución, divulgación y tenencia de material de explotación o abuso sexual infantil.

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