“Andate de Merlo… No te queremos ver más acá. Cerrá el negocio. Acá manejamos nosotros. Sino te vamos a matar”. Aleg Goyda fue la víctima de aquel salvaje ataque a su comercio mayorista ubicado en la calle Jujuy al 1000, casi esquina Moreno, de Merlo. La agresión fue perpetrada el 6 de septiembre de 2021 por una banda, a la que ahora la justicia calificó como una asociación ilícita, cuyo objetivo central era monopolizar la venta de productos para vendedores ambulantes.
Ese propietario, que buscaba trabajar en el proceso de apertura de actividades tras las restricciones de la pandemia, fue uno de los denunciantes de la denominada ‘mafia de las golosinas’, una organización que operaba bajo la fachada de una supuesta mutual con sede en Sarmiento al 800, en Morón. Se calcula que las actividades fueron entre 2014 y 2021, cuando las denuncias en su contra empezaron a llover.
La justicia le puso nombre y apellido a un “número indeterminado de delitos”, que básicamente consistían en extorsionar a diferentes comerciantes de las inmediaciones del ferrocarril Sarmiento y que proveen de mercadería a los cientos de vendedores ambulantes que se encargan de revenderla en los trenes. ¿Cómo hacían? Imponiendo condiciones por la fuerza y en patota mediante amenazas, daños en sus locales y robos, entre otras cosas.
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La misma tarde en que le propinaron la feroz golpiza a Goyda, como se observa en el video que ilustra este artículo, alrededor de 25 sujetos se presentaron en el local de la calle República Oriental del Uruguay al 100, en Morón, propiedad de un matrimonio, y el líder de la organización no anduvo con vueltas: “se tienen que ir de Morón porque acá mandamos nosotros. Vos no le tenés que vender más a los pibes del Sarmiento. Acá manda la mutual y se tienen que ir. Te voy a prender fuego todo el negocio si no te vas de Morón. Tené cuidado con lo que te pueda pasar”, fue la amenaza expresada hacia las víctimas.
Antes de irse, se robaron del lugar parte de la mercadería que estaba exhibida para la venta al público por una suma aproximada de setenta mil pesos. Ambos hechos fueron denunciados ni bien ocurrieron y elevados a juicio, en donde la prueba documental producida fue contundente. Entre otras cosas las declaraciones testimoniales de las víctimas directas, con las que se pudieron probar los hechos, junto a las filmaciones que fueron registradas por diversas cámaras de seguridad sobre cómo operaba la organización.
Luego del debate en el que se ventilaron los hechos, la jueza Mariana Maldonado, del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Morón, dio a conocer hoy la sentencia contra Julio Alberto Pachao, considerado como el líder de la organización extorsiva. Y la condena fue de once años de prisión por ser considerado como autor de los delitos de amenazas coactivas, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y asociación ilícita, todos en concurso real entre sí.
El monto de pena difiere con el pedido hecho por el fiscal del juicio, Leonardo Lisa, quien había solicitado 15 años en total por esa sumatoria de delitos concatenados. Sin embargo, marca un antes y un después en el análisis jurídico de este tipo de situaciones que el propio Pachao, durante las audiencias, intentó minimizar con una frase que aún resuena: “son las reglas de la calle”.
