La noticia que publicó ayer Primer Plano On Line sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, incorporando al aeródromo de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos para que comiencen a operar desde enero próximo empresas low cost como FlyBondi y Norwegian Air, lejos de caer como un cimbronazo a los vecinos que se oponen a la obra les vino algo así como anillo al dedo.
Es que los habitantes de Hurligham, El Palomar y Ciudad Jardín que interpusieron un recurso de amparo en la justicia federal para que impide la continuidad de las obras consideran que el acto administrativo realizado ayer por el Gobierno nacional les da la razón. Por un lado, porque hay un reconocimiento explícito de que no se realizó el estudio de impacto ambiental; por el otro, por la confirmación de que esa base aérea es un sitio protegido por la ley 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de los Sitios de la Memoria, dado que de allí salieron los conocidos como vuelos de la muerte durante la última dictadura militar.
Desmenuzando el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial, en el texto se cita que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), por resolución 59 de 2017 de fecha 10 de noviembre de éste año, resolvió determinar la “no objeción” para la incorporación del Aeropuerto El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), pero conforme lo dispone el procedimiento para la incorporación, sustitución y desafectación de aeropuertos al organismo regulador “teniendo en consideración que deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar – involucradas”. Ahí está el primer argumento en donde los vecinos se afirman para manifestar que tienen la razón de su lado.
“Lejos de ser un bombazo, en realidad nos da la toda razón y va a dar lugar a que la jueza obre en consecuencia. El decreto, por ejemplo, reconoce que no se hizo el estudio de impacto ambiental”, expresó Lucas Marisi a Primer Plano On Line. “Esto va a ser un tiro en el pie para el Gobierno, porque a confesión de partes, relevo de pruebas. El decreto también está firmado por el ministro Dietrich, quien dijo en reiteradas oportunidades que ya se había hecho el estudio de impacto ambiental, que se hace antes de arrancar las obras y de firmar cualquier resolución administrativa”, agregó Marisi.
Incluso ayer se conoció una carta firmada por el jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier General Enrique Amrein, dirigida al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la que recomienda no desafectar ese predio del organismo militar por cuestiones “operacionales, estratégicas y reglamentarias que se verán afectadas”. El escrito está fechado el 3 de noviembre pasado, por lo que se entiende que la opinión de la máxima autoridad aérea militar no fue tomada en cuenta por el Gobierno de Mauricio Macri.
Según la posición institucional de la Fuerza Aérea, El Palomar no es un aeropuerto tal como sugiere el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) sino un aeródromo público que se encuentra dentro del predio de una unidad militar integrante del Sistema de Defensa Nacional. Amreim sostiene que la transformación de la base en una terminal aerocomercial “repercutiría seriamente en la disminución de las capacidades logísticas de las FAA en su conjunto y en el resto del instrumento militar nacional”.
Además, desmiente la información brindada por las autoridades del ORSNA en relación a que la base cuenta con innumerables predios ociosos (hangares). El brigadier considera como erróneo ese dato, ya que en esos lugares se realizan tareas de mantenimiento y recuperación de diversas aeronaves militares.
Apuntando a cuestiones netamente legales y reglamentarias, Amrein cuestiona diversos aspectos de la transferencia del predio de la órbita de Defensa a la del Ministerio de Transporte, poniendo énfasis en los problemas operativos que se podrían suscitar si no se diferencian claramente las actividades aeronáuticas civiles y militares, algo que no quedaría muy claro en el proyecto que el gobierno nacional parece decidido a encarar.
Y, en lo que fue interpretado por las autoridades políticas como lo más duro de la carta aeronáutica, el jefe de la fuerza deja perfectamente claro que no está bajo su competencia consentir que la 1° Brigada Aérea pase a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos. Esto es porque al ser parte del Sistema de Defensa Nacional, deberá ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (el presidente Mauricio Macri) quien debería asumir las responsabilidades inherentes a tal traspaso.
“Todo lo actuado, incluido el decreto, es ilegal. Demostraron mala fe ante el tribunal y ojalá que la jueza toma una decisión lo antes posible”, concluyó Lucas Marisi, quien aguarda la decisión sobre el amparo presentado se conozca en esta semana, la última de 2017.
