Los datos no son oficiales porque se están terminando de procesar y habrá un informe completo en los próximos días. Pero ya permiten sacar algunas conclusiones. Según pudo saber Primer Plano On Line, con los últimos incrementos de luz, gas, agua, peaje y transportes, una familia tipo de Ituzaingó con ingreso de hasta 15 mil pesos destinará la mitad de ese monto para pagar servicios públicos.
Eso se desprende de un relevamiento realizado por el Observatorio de Políticas Públicas municipal. Y no están contemplados en esa sumatoria de gastos ni el colegio, ni la vestimenta ni mucho menos los alimentos. “Lamentablemente, la orientación del Gobierno nacional está destinada a beneficiar a los que más tienen y dejar de lado a los que menos tienen por más que digan lo que digan, porque creo que encima tienen bastante cinismo”, señaló el secretario de Desarrollo Humano de Ituzaingó, Claudio Righes, en diálogo con Primer Plano On Line.
Por este motivo, el próximo miércoles 15 de febrero desde las 10 volverá a reunirse el Consejo Económico y Social de Ituzaingó, en la sede de la Unión de Comerciantes, Industriales y Afinaes (UCIADI), ubicada en Olazábal 841. El objetivo del cónclave, del cual participarán distintas organizaciones políticas y sociales del distrito, cámara de comercio, sindicatos, centros de jubilados, e iglesias católicas y evangelistas, entre otros, será debatir acciones para enfrentar las subas generalizadas, y avanzar en el reclamo para que vecinos e instituciones sean incorporados en la Tarifa Social.
“Estos aumentos que tenemos que enfrentar son estrambóticos”, enfatizó el funcionario, quien contó que recibe a diario en el Municipio quejas de vecinos por “la suba permanente de los alimentos y el encarecimiento del costo de vida, hechos que están generando un impacto negativo en el consumo y en el bolsillo de los trabajadores, que día a día ven afectado su poder adquisitivo”.
Entre otras cosas, Righes adelantó que, además de la Tarifa Social, pedirán que sean protegidas aquellas personas que son electrodependientes; el cambio de zonas residenciales o urbanas que las empresas se comprometieron a realizar en la audiencia pública del año pasado y que todavía no concretaron y que podría hacer variar el valor de lo que abona el usuario; y, en una última instancia, reiterar los amparos judiciales.
“Si hay alguien que no puede conservar sus condiciones mínimas de supervivencia y acceso a los servicios esenciales como son la luz y el agua, entonces la vía judicial sigue siendo una posibilidad concreta”, detalló Righes.
El funcionario también explicó que la decisión política del intendente “es cumplir con su vocación social”, por eso decidió la rebaja en el incremento de tasas municipales que votó el Concejo Deliberante a finales del año pasado. “Descalzo entendió el reclamo y dijo que no podíamos cobrar ese nivel de tasa, por eso accedió a la rebaja, con lo que eso implica para las arcas del Municipio. Estamos dando un ejemplo de cómo se debe actuar en función de los que menos tienen. El Gobierno de Macri es el que tiene el gabinete más millonario de la historia argentina. La pregunta que me hago es qué fue lo que pasó para que esta gente tenga vocación social”, cerró Righes.
