“La negociación está trabada. Los 69 intendentes de Cambiemos no quieren moverse del 15 por ciento y en tres cuotas”. La voz, con tono apesadumbrado, pertenece a uno de los dirigentes más importantes de la Federación de Sindicatos Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y refleja el espíritu con el cual los empleados de la administración pública comunal se encontrarán en los próximos días a la hora de sentarse en la mesa paritaria con los Gobiernos locales.
Hasta el momento, el único Municipio que cerró es Avellaneda, que otorgó un 30 por ciento de incremento salarial. Pero se sabe que es un distrito aislado, que mantiene un duro enfrentamiento con la gestión de María Eugenia Vidal y que cuenta con ingresos que le permiten sostener autonomía presupuestaria, con lo cual ni siquiera firmará el pacto fiscal con la provincia. Pero el resto de las administraciones locales están atadas no sólo al ingreso proveniente de la coparticipación sino que, para mejorar sus cuentas y recibir obras a lo largo del año, deberán ofrendar el pedido que bajó desde el Gobierno nacional para que los números cierren sin necesidad de ayuda externa al distrito. Manejarse con lo propio que le llaman.
Los mandatarios del peronismo tienen una suerte de acuerdo entre ellos de otorgar una suma superior, aunque apenas por encima de la idea macrista y muy lejos de la acordada en Avellaneda. El número mágico que ronda en la cabeza de los jefes comunales del PJ y del Frente Renovador es de 20 por ciento y en dos tramos. Pero las charlas recién se inician y con suerte, porque dependerá del destino de la discusión con los docentes y el resto de los estatales que dependen de provincia, empezará a cobrarse a partir de marzo con los salarios que se perciben en abril. Quedan dos semanas para que los próximos sueldos se liquiden con el incremento.
