José Troilo, presidente de la flamante gremial empresaria que fusionó a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) con la Asociación Civil de Transporte Automotor (ACTA), reveló que la decisión del gobierno nacional de congelar las tarifas de los boletos por cuatro meses tiene un impacto “directo” y “negativo” en el sector.
“Mayores costos, para las empresas, los hay. El salarial, por ejemplo. Y nosotros venimos atrasados desde hace años. Nuestros ingresos, ciento por ciento son conocidos por el Estado, es más: son públicos. Parte viene por SUBE y otra por compensaciones. Y el servicio también, es muy fácil de conocer”, explicó el empresario.
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“La contención de las tarifas en este momento no lo veo mal: la cuestión está en qué respuestas tenemos del Estado. Nuestro planteo no va sólo en los pesos sino también en cuestiones impositivas. El costo es muy elevado y eso podría resolverse, porque las regulaciones no son las mismas en el área metropolitana que en el resto del país”, agregó.
Mientras esperan ser convocados por las nuevas autoridades, con el antecedente del año pasado, cuando amenazaron con paralizar el servicio en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante la noche en la semana y durante todo el día los domingos y los feriados, desde el sector hacen cuentas.
“El boleto mínimo está en 18 pesos, pero hay un 40% de pasajeros que lo pagan $8,20, por el descuento para jubilados, amas de casa y otros beneficiarios. Sin ningún tipo de descuento, el pasaje mínimo, de hasta tres kilómetros, debería costar $45”, reveló Troilo.
En relación a la propuesta gubernamental de quitarle el subsidio a las empresas y directamente compensar a los pasajeros, Troilo consideró que “tiene sus complicaciones” porque “el tema principal es que no se sabe quién usa la tarjeta, y eso está pasando en estos momentos”. “Hay algunas que tienen el atributo de jubilado pero la usan los nietos, los hijos. Eso es un inconveniente que no se logra resolver”, concluyó.
