Por Cecilia García (*)
El litio se ha convertido en un componente clave para la fabricación de baterías que utilizan los celulares, computadoras y autos eléctricos. Hoy en día la demanda mundial de litio aumenta debido a la transición hacia tecnologías más limpias y sustentables, que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales.
Nuestro país es clave en esta transición. Argentina se encuentra dentro del “Triángulo del litio” junto con Bolivia y Chile; y posee una de las principales reservas mundiales con el 58% de todo el litio mundial, cuyas reservas se encuentran en los salares de Salta, Jujuy y Catamarca.
Sin embargo, la industria del litio plantea una serie de conflictos ambientales y sociales. En primer lugar, el proceso de extracción del litio requiere enormes cantidades de agua dulce, aproximadamente 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio. Esta alta demanda hídrica representa una amenaza para los ecosistemas locales, especialmente en áreas donde el agua es escasa.
Además, los salares tienen sistemas de agua de salmuera, es decir que también tienen agua dulce. Por lo tanto, es importante que en la extracción no se rompan los equilibrios de los distintos sistemas hídricos, ya que esto provoca una salinización del agua dulce.
La extracción de litio genera residuos altamente tóxicos. Después de su extracción, quedan sales y lodos que no tienen uso comercial y se depositan en piletas, convirtiéndose en pasivos ambientales que contienen sustancias contaminantes.
A pesar de que representan un peligro para el ambiente y la salud humana, las empresas mineras no asumen la responsabilidad del manejo adecuado.
El impacto ambiental del litio se extiende más allá de la extracción y producción. Los salares donde se encuentran estos recursos son territorios habitados por comunidades indígenas, cuyas formas de vida tradicionales dependen del acceso al agua.
La disputa por el agua entre las empresas mineras y los pueblos originarios genera tensiones y amenaza sobre la forma de vida de estas comunidades.
Un ejemplo son las comunidades indígenas de los pueblos Kolla y Atacama. Ellos son de Jujuy y viven allí hace muchos siglos, se dedican a la ganadería y la agricultura, actividades que requieren del uso de agua. Para ellos la industria del litio es una amenaza.
Si bien el litio es fundamental para la transición hacia una energía más limpia y sostenible, no se puede ignorar el alto costo ambiental y social que genera su obtención. El uso excesivo de agua dulce y la generación de residuos tóxicos representan desafíos que requieren atención urgente.
Es responsabilidad del Estado buscar soluciones que permitan la explotación del litio de una forma sostenible, preservando el ambiente y respetando los derechos de las comunidades. Solo así se puede pensar en una verdadera transición hacia un futuro más equitativo.
(*) Cecilia García es Técnica en Gestión Ambiental
