El próximo martes 15 de marzo se llevará a cabo en la Sala I del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires la audiencia por el recurso interpuesto por la defensa de Sebastián Ariel Rodríguez, encabezada por los abogados Fernando Sicilia e Iván Koffman, quienes apelaron la condena a 50 años de prisión impuesta a su cliente por la toma de la Comisaría 1ª de San Justo.
Respecto del caso, sus defensores insisten que se trata de “un linyera que vivía en los autos al costado de la Autopista Richieri”, que “nadie llamó a los testigos que así lo acreditaban” y que “no tenía vínculo alguno con los otros imputados”. Además, era adicto al paco y usa bolsa de colostomía.
El planteo de los letrados cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Innocence Proyect Argentina, reconocidos organismos que luchan contra los fallos judiciales que dejan dudas. “Han hecho una minuciosa lectura de la causa, los fundamentos y las aberraciones cometidas por los funcionarios judiciales. Son instituciones con absoluta credibilidad en trabajos de esta índole y han detallado minuciosamente los errores de esta condena”, precisó el abogado Sicilia en conversación con Primer Plano Online.
Para los defensores, el Tribunal Oral Nº 4 de La Matanza actuó “sin ninguna prueba” que sustente el veredicto. “Lo condenaron a morir en un penal”, afirmaron respecto del fallo unánime firmado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno.
El hecho ocurrió el 30 de abril de 2018 cuando un grupo de sujetos ingresó disparando a la seccional policial para liberar a un detenido. En esa balacera atacaron a los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones gravísimas y la dejaron parapléjica en forma «permanente y definitiva», según se constató en el juicio.
Por el caso recibieron medio siglo de prisión Leandro David Aranda (25), el preso que iba a ser rescatado; Zahira Ludmila Bustamante (novia de Aranda); Tomás Axel Sosa y el mencionado Rodríguez. Les endilgaron los delitos de tentativa de evasión, facilitación de la evasión, homicidio agravado por el uso de arma calificado por la función de las víctimas, miembros de fuerzas policiales criminis causae en concurso ideal por el perjuicio a la administración pública y la vida de la sargento y los oficiales.
También recibió ocho años de prisión Gonzalo Fabián D’Angelo, por ser considerado partícipe secundario de la evasión y los homicidios tentados, y la abogada Leticia Tortosa, condenada a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la abogacía por el término de seis años por el delito de facilitación de la evasión en perjuicio de la administración pública.
Para los defensores del linyera, el abogado oficial que tuvo su defendido en un primer momento no solicitó las cámaras de seguridad instaladas en los bancos frente a la seccional tomada por asalto donde se encontraba la persona que supuestamente lo reconoció como participando del brutal ataque, que hizo un identikit “que nada tiene que ver con quien luego reconoció” y tampoco se peritaron los mensajes de voz que se encontraron en el teléfono de Aranda, que “demuestran que la voz del NN Seba es absolutamente distinta a la de Sebastián Rodríguez”.
“Lisa y llanamente, no existe prueba sólida e incontrovertida que acredite que Sebastián A. Rodríguez sea el NN Seba implicado en el plan de fuga armada a quien el sistema de justicia buscaba y, lamentablemente, deberá seguir buscando”, completaron los abogados. El martes se abre un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad sobre un hecho estremecedor.
