Autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) denunciaron ante la Justicia Federal de Morón el intento de toma del edificio central de la entidad académica y acusaron a dirigentes de izquierda y a funcionarios y gremialistas vinculados al intendente Fernando Espinoza como parte de la revoltosa movida, que se tradujo en “acciones violentas que atentan contra la vida”.
“Explicamos: intentaron tomar la Universidad. ¿La excusa? El respaldo al veto a la ley de financiamiento universitario. La organización tiene diversos actores: apoyando el intento de toma del Frente de Izquierda, se pasearon por la puerta de la UNLaM desde la secretaria privada de la vicegobernadora Verónica Magario hasta funcionarios municipales, legisladores nacionales, concejales y dirigentes gremiales”, se lee en la presentación judicial a la que accedió Primer Plano Online.
En el desagregado puntual nombran a Miguel Narváez, subsecretario de Culto municipal; Ángel Aisa, director general de Asuntos Comunitarios municipal; Mario Ortiz, brazo sindical del intendente Fernando Espinoza; Laura Chamorro, concejal que responde a Fernando Espinoza; Paulina Maldonado, secretaria privada de la vicegobernadora Verónica Magario; Diego Barresi, director municipal bajo la órbita de Silvia Francese en Cultura; la diputada nacional del FIT Mónica Schlotthauer; los concejales del FIT Natalia Hernández y Juan Romero; Marcelo López, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y Xiomara Yezabel González, de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de La Matanza.
Para la representación legal de la UNLaM, a cargo de los abogados Sergio Daniel Olivar y Diego Álvarez Rizzo, los “actos de violencia y vandalismo” ocurrieron desembocaron en la rotura de dos portones de accesos y en las lesiones que sufrió uno de los no docentes que se encontraba en el ingreso violentado (Gustavo Iaconis). También resultaron víctimas de agresiones decanos, vicedecanos, administrativos, docentes y estudiantes con golpes de puño, insultos, escupitajos, rasguños y patadas a través de las rejas.
“Es obligación de la Universidad y sus autoridades actuar en consecuencia”, esgrimieron para sustentar el pedido de investigación de los hechos, que en interpretación de la casa de estudios fue el resultado de “una cadena de eventos delictivos enmascarados en un supuesto apoyo a la educación pública”.
Para la UNLaM, en concreto, lo que hubo fue una violación a los artículos del Código Penal que castigan a quien “instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, con una pena de prisión de dos a seis años.
“Los hechos se ejecutaron con la finalidad de entorpecer el desenvolvimiento normal y democrático de las actividades de la Universidad Nacional de La Matanza, sin que exista ninguna circunstancia que legitime este proceder”, finalizaron en la presentación, en la que incluyeron videos tomados por cámaras de seguridad y capturas fotográficas de las personas sindicadas.
