La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un enérgico comunicado para rechazar la baja en la edad de imputabilidad. El texto, elaborado por las subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la entidad, pone el acento en las condiciones de “extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran las y los adolescentes sujetos a procesos judiciales.
“Son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, refiere el texto.
“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad: solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años”, afirmó Javier Indart de Arza, médico pediatra y psiquiatra infanto juvenil que además es presidente de la SAP.
El informe pregona que las sanciones “deben ser proporcionales” a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes “no deberían ser homologables a las de los adultos”.
Brega, además, por “instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”, agregó María Julieta Rosso, médica cirujana y pediatra.
Las recomendaciones de la SAP para la Ley Penal Juvenil
El informe de la SAP desarrolla una serie de recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles en conflicto con la ley penal. Son las siguientes:
-Diseñar un sistema donde el Estado esté permanentemente presente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño;
–Garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía;
–Visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal;
-Tener en cuenta que el acceso de los adolescentes a las armas o el uso de estupefacientes está relacionado casi directamente con amparo de «capangas» marginales y connivencia policial;
-Debe fomentarse lo que se ha dado en llamar justicia restaurativa, que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si ésta así lo acepta- para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta;
-Promover actividades intramuros con alto contenido social para ayudar a la reinserción;
-Además de actuar activamente sobre la problemática personal del adolescente, hacerlo también sobre las variables familiares y sobre los actores sociales que constituyen -en la mayor parte de los casos- verdaderos determinantes de su conducta ilegal;
-Abordar -con carácter fuertemente preventivo- determinantes como la violencia familiar y de género, las organizaciones delictivas de adultos y de agentes de seguridad que utilizan niños para delinquir, los adultos que son agentes de tráfico de drogas, la deserción escolar, la precariedad laboral de los adultos a cargo, el acceso a estupefacientes y sustancias psicoactivas (paco, solvente, nafta, kerosene, etc.), psicotrópicos y drogas ilegales;
-El enfoque preventivo debería estar centrado en 3 ejes fundamentales: a) prevención general (sobre los factores sociales), b) prevención detectada (sobre el niño abandonado o en situación de riesgo) y c) prevención específica (sobre el adolescente incurso en conducta ilícita).
Documento de la Sociedad Argentina de Pediatría: “La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal amplia”
Asimismo, el documento de la SAP enumera lo que considera como “pautas imprescindibles” a tener en cuenta para enfrentar la temática. Son:
El respeto absoluto de sus derechos, contemplados en la Convención de los Derechos del Niño; preservación y promoción de su salud física y mental; la continuidad y el refuerzo de su educación regular; la práctica de actividades sociales, creativas y recreativas de manera tal de contribuir a su reinserción; protegerlo de su relación delictiva con adultos delincuentes y grupos delictivos; promover el reconocimiento de valores de convivencia social, observación de la ley y de los derechos de las personas; y facilitar el cumplimiento de toda intervención que promueva en el adolescente el refuerzo de su identidad como ciudadano.
“Desde la Sociedad Argentina de Pediatría estamos convencidos de que no existen medidas que resuelvan el delito ni medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal amplia, completa y sostenible en el tiempo”, concluyó el pediatra Omar Tacaco, expresidente de la SAP.
