La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que modifica el proceso de cuota alimentaria, una iniciativa que busca dotar de herramientas a la justicia para que los juicios puedan ser más rápidos y ágiles.
La ley, impulsada por la senadora provincial Sofia Vannelli, del Frente Renovador, contempla la incorporación del Índice Crianza (creado por el Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa), el cual indica el costo económico de criar a un hijo y evita las demoras en la estimación y prueba del costo que conlleva la crianza de los niños y niñas.
“Ante el incumplimiento de una obligación alimentaria, el juez o jueza, podrá de manera inmediata y con base en este índice, fijar una suma que garantice el derecho alimentario de los niños y niñas mientras se desarrolla el proceso judicial”, explicó Vannelli.
Y agregó: “No podemos seguir permitiendo que el proceso judicial fuerce a las madres a demostrar cuánto cuesta criar a sus hijos, mientras los niños tienen hambre el día después de la separación”.
Por su parte, la diputada Ayelén Rasquetti analizó que esta ley “busca cambiar el enfoque: que el proceso deje de ser una disputa patrimonial y se transforme en una garantía de derechos humanos. Porque en definitiva los alimentos son de los niños y niñas, son un derecho humano”.
También afirmó que “a partir de esta ley, queremos asegurar que ningún niño ni niña deba esperar ni un día más para recibir lo que es suyo por derecho: su alimentación, su futuro, su dignidad”.
El proyecto aprobado entiende que la falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales. Esta problemática se suma a la sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria, que las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.
Las reformas que establece la flamante ley sobre deudores alimentarios
Entre las reformas que se acaban de aprobar en la provincia de Buenos Aires se encuentran:
–Establecer parámetros para determinar el monto de la obligación alimentaria, como el Índice de Crianza, elaborado por el INDEC.
–Incorporar herramientas eficaces para obtener una respuesta rápida, ágil y flexible en un plazo razonable.
–Reducir el litigio en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos.
–Fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres como usuarias del servicio de justicia.
–Reducir los obstáculos que enfrentan quienes crían a sus hijas e hijos. En ese sentido, admite legalmente el uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como whatsapp) para notificar la demanda de alimentos. El cambio surge a partir de la imposibilidad de notificar en domicilio, hecho que restringe el acceso a la justicia.
–También establece plazos para dar respuesta a la prueba de informes utilizados para determinar el monto de la cuota alimentaria y el nivel de vida del demandado: 5 días para entidades privadas y 7 para públicas y establece multas e intereses cuando los progenitores no se presentan a las audiencias judiciales sin adecuada justificación porque entorpecen el proceso.
