El Municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar una “deuda histórica millonaria” que asciende a más de 100 mil millones de pesos en concepto de “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano”, por “una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación” dentro del territorio de ese distrito bonaerense.
El equipo jurídico que asesora al municipio más populoso del conurbano bonaerense dialogó con la agencia estatal Télam sobre ese incumplimiento, cuyo origen situaron en las relocalizaciones de las villas porteñas realizadas por los gobiernos dictatoriales en territorios que pertenecían a la Nación, pero que se ubicaban en distritos de la provincia.
Al igual que ocurrió en otros municipios, La Matanza recibió habitantes de barrios populares de la entonces Capital Federal, que todavía pertenecía a la órbita del Estado nacional porque no era autónoma, y que fueron ubicados en terrenos fiscales nacionales por los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.
Uno de los puntos que el distrito gobernado por el intendente peronista Fernando Espinoza reclama a la Ciudad, administrada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, es una “deuda por 20 mil millones de pesos en tasas municipales no pagadas”. “Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres”, sostienen desde ese municipio del conurbano bonaerense, mientras definen los pasos a seguir.
Los asesores legales validaron el reclamo en el concepto de “continuidad jurídica” que tiene la Ciudad y, por eso, la “deuda crece día a día” y, además, demuestra que “el centralismo está lleno de falta de solidaridad social y de privilegios”, indicaron las fuentes consignadas por la agencia estatal.
Por otro lado, los cálculos de expertos ambientalistas y urbanistas, en concurso con sociólogos, psicólogos sociales y analistas del comportamiento del individuo regido por sus circunstancias, establecen en “al menos 100 mil millones de pesos el daño que el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provocando, en territorio matancero”.