La Justicia laboral bonaerense le ordenó al gobierno provincial que, hasta que firme un nuevo acuerdo paritario con los docentes bonaerenses, debe aplicar la cláusula gatillo (actualización del salario según la inflación oficial) que contemplaba el convenio suscripto entre las partes el 4 de julio de 2017. Desde el Ejecutivo interpretaron que el fallo “avala lo que la Provincia está haciendo”, en referencia a los pagos que realizaron a cuenta de un futuro acuerdo.
Asimismo, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, adelantó que se encuentran “elaborando una nueva propuesta que se les presentará a los gremios en una futura reunión, aún sin fecha establecida. Si la aceptan, mejor para todos. Si no, continuaremos con los pagos a cuenta porque la orden de la gobernadora (María Eugenia Vidal) es que los docentes no pierdan ante la inflación”, subrayó.
Los jueces del Tribunal de Trabajo Nº 4, Rodolfo Francisco Martiarena, Soledad Moreyra y Adela Eduarda Di Stefano, entendieron que la cláusula gatillo “se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado nacional”.
El fallo de los tres magistrados no hace lugar al planteo de los gremios SUTEBA, FEB, SADOP y UDOCBA -que conforman el Frente Gremial Docente bonaerense- sobre “mala fe” por parte del Gobierno en las negociaciones, y rechaza incluso el planteo de “práctica desleal”, con el pedido de la sanción prevista en la ley 23.551 (de asociaciones sindicales). También rechaza la petición gremial de extender el plazo de vigencia del acuerdo paritario de 2017 en forma integral, esto es, incluyendo el aumento salarial del 21,5%.
Pero luego realza: “Por el contrario, la pauta o cláusula de adecuación semestral automática de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), establecida en el convenio colectivo salarial del año 2017 (…) se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado nacional”.
