Con cada recepción de una amenaza de bomba en las instituciones educativas se activa un protocolo de evacuación que pone bajo protección a los alumnos y al personal de las escuelas. Sin embargo, cuando las horas pasan y el alboroto deja lugar a la evaluación de lo ocurrido, comienzan a contabilizarse las consecuencias: sentimiento de miedo e incertidumbre entre los más chicos; atraso en los programas académicos; trastornos en la disponibilidad de personal de prevención e importantes gastos para la comuna involucrada.
Es oportuno considerar que durante un operativo de evacuación se despliega personal del área de Seguridad, agentes de policía, la división de explosivos, Defensa Civil, personal de Tránsito y bomberos.
Tan frecuente han sido en los últimos meses los avisos de presuntas bombas en colegios de la zona al 911, que la Fiscalía N°2 de Morón que tenía a su cargo la investigación de este tipo de causas debió derivar la recepción de los nuevos casos registrados a partir del 1 de septiembre a la UFI N°3 a cargo del fiscal Alberto Ferrario.
Primer Plano Online accedió a detalles de la investigación en la que la Fiscalía N°3 accionó en los últimos dos meses sobre 100 casos denunciados de amenazas de bomba. Luego de estudiar las escuchas de los llamados efectuados al 911, se realizaron 30 allanamientos en los domicilios de los responsables de emitir las comunicaciones. En todos ellos, se procedió a incautar teléfonos celulares y elementos relevantes para la investigación.
Sólo uno de los jóvenes individualizados como autor de una intimidación telefónica era mayor de edad y fue detenido, mientras que en el resto de los casos se trató de menores de edad. Esta situación determinó que la UFI N°3 le otorgara intervención al fiscal de Estado para que ponga en marcha el procedimiento que llevará a un futuro juicio civil, en el que los padres o mayores responsables del menor involucrado deberán hacerse cargo del pago de los gastos generados por las evacuaciones implementadas en los establecimientos educativos. En este marco, los representantes judiciales piden a los padres y directivos de los colegios que adviertan a los alumnos que aquellos que hagan llamados de amenaza pueden quedar procesados.
Según los datos proporcionados por la Fiscalía N°3 de Morón, las cinco escuelas que más amenazas de bomba recibieron durante los meses de septiembre y octubre son: Elmina Paz de Gallo, de Haedo; la Escuela Técnica N°2 ‘República del Perú’ de Hurlingham; la Técnica N°1 ‘Ing. Francisco Urondo’ de Merlo; la Escuela Mahatma Gandhi de Castelar y la primaria N°23 ‘Hipólito Yrigoyen’, de la localidad de Haedo.
En relación a los gastos generados por la activación de los protocolos de evacuación, el Municipio de Morón –uno de los más afectados- dio a conocer que “sólo en los últimos dos meses se destinó cerca de medio millón de pesos en tan solo un par de instituciones educativas que tuvieron en promedio más de 10 alertas por amenaza cada una”. En consecuencia, la comuna anticipó que “demandará por los gastos que se debieron afrontar a los responsables de dichas intimidaciones o a los padres de los menores que las hayan realizado”.
