Christian Batista es uno de los dueños de la hamburguesería Prater en Castelar, un comercio de 10 años de antigüedad ubicado en Sarmiento al 2500. El local tiene su modalidad para comer ahí mismo o también para hacer pedidos, ir a retirarlos o esperarlos que lleguen a domicilio.
Aunque parezca insólito, después de más de 18 meses de un calvario insoportable, recién ahora está recuperando la normalidad. Es que durante ese lapso el comercio gastronómico fue víctima de una estada orquestada desde una cárcel y organizada por un sujeto que fue identificado, allanado y al que le secuestraron el teléfono con el cual organizó los engaños por los cuales el emprendedor tuvo que poner la cara.
“Perdimos dinero, mucho, pero lo que más nos dolió fue el malestar de tener que dar explicaciones y pedir disculpas sabiendo que al día siguiente iba a volver a pasar”, se sinceró Batista en conversación con Primer Plano Online. En la charla aseguró estar “más tranquilo”, y que pudo volver a poner la mente en cómo hacer crecer el emprendimiento.
Historia de la estafa
Según narró Christian, ellos tuvieron durante 6 años el mismo número para tomar pedidos y reservas. Pero era una línea prepaga, a la que un día se olvidaron de cargarle crédito y de repente la empresa Claro decidió darla de baja. Fue allá por 2021, con los ecos de las restricciones por la pandemia todavía latentes. Y se dieron cuenta porque de un momento al otro el número dejó de sonar.
“Fuimos a pedirles que nos devuelvan el número, pero nos explicaron que no era posible porque ya lo habían entregado. No sabemos cómo pero cayó en manos de un sujeto que está preso en una unidad penal de San Martín. Y ahí comenzó este calvario”, reveló el dueño de Prater.
Luego de hacer el pago, la gente se presentaba en el local: ya sea para reclamar que su envío con comida nunca llegó o para cenar con la reserva hecha. Durante más de un año el negocio tuvo que hacerse cargo de ese dinero. Pasaba todas las noches: entre 5 y 6 personas por jornada.
El dinero que perdieron es incalculable, y lo peor: la imagen del comercio cuestionada, porque la gente se enojaba. “En su perfil de WhatsApp tenía el logo de la hamburguesería y hasta subía historias con las promociones diarias. Era imposible detectar que todo era una estafa”, agregó Batista.
La investigación que terminó con los engaños
Según el comerciante, duraron 18 meses en total los engaños y estafas. Pese a que informaban a cada cliente del cambio de teléfono, ya sea personalmente como por redes sociales, la operatoria continuó. De todos modos, de las 5 a 6 que tenían diariamente pasaron a ser 3 o 4 por semana.
Tanto Christian como su socio radicaron la denuncia en varias ocasiones, incluso en una línea telefónica del Ministerio de Justicia de la Nación, pero no obtenían respuestas. Un día fueron personalmente a la Fiscalía Nº 5 de Morón y expusieron lo que les pasaba, y el fiscal Claudio Oviedo comenzó la investigación que terminó determinando el origen de la línea.
Además de la presentación hecha por los comerciantes, la justicia sumó en el expediente el caso cero, que fue el de una mujer que realizó una compra el 6 de julio de 2024. Llamó al teléfono en cuestión, encargó comida y pagó por la compra un total de 13 mil pesos con una billetera digital. Obviamente: el pedido nunca le llegó, el dinero no le fue reintegrado y el comercio quedó en el medio.
El delito inicial para la causa fue calificado como estafa por defraudación informática, previsto y reprimido por el artículo 173, inciso 16, del Código Penal, que contempla una pena de un mes a seis años de prisión. El tema acá es la cantidad de defraudaciones cometidas por el imputado, porque cada engaño es un hecho penal en sí mismo.
El allanamiento en una cárcel
Después de analizar la operatoria, el fiscal Oviedo y personal de la DDI Morón lograron determinar el lugar en donde estaba el teléfono: la Unidad Penal 48 del complejo penitenciario de San Martín, que fue allanada. En ese lugar los uniformados secuestraron el celular en cuestión, que hicieron sonar para constatar la veracidad de la operatoria. Así se aprecia en el video que ilustra este artículo.
El acusado por las estafas es Jorge Adrián Sand (39), quien cumple condena por los delitos de robo agravado por escalamiento y hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. El sujeto fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo el pasado 5 de agosto de 2024. Desde la cárcel orquestó la maniobra por la que ahora está imputado y que será juzgado.
Desde el allanamiento en la cárcel quedó abortada la operatoria, porque la justicia secuestró el celular y el chip quedó desactivado. Sin embargo, el viernes de la semana pasada en Prater recibieron la última visita de gente engañada: el martes anterior, un grupo de amigos transfirió 100 mil pesos para reservas una mesa. En el lugar, pese a que volvieron a perder plata, los dueños también apretaron el puño: le pusieron fin al calvario.
