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sábado, febrero 15, 2025
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La dura batalla de una familia de Castelar contra OSDE por un tratamiento para su hija con autismo severo

La historia de Julia Knobel y el reclamo de su familia es un claro ejemplo de cómo la justicia está disociada del sentido común. La nena, que actualmente tiene 13 años, padece autismo severo, un trastorno que es irreversible y que es el más grave de los que se conocen, porque además la lleva a autolesionarse.

Su condición requiere de tratamiento y abordaje permanente. Su mamá, Dolores Delucchi, está cerca de terminar la carrera de Sociología pero decidió abandonar el estudio para dedicarse de lleno al cuidado de la nena y de su hermanita, dos años menor que Julia. Desde ese lugar es que se convirtió en un símbolo de la lucha contra las arbitrariedades de un sistema que, a la luz de los resultados, interpreta a las personas como cosas y desprecia por completo el padecer de una niña que no tiene la culpa de ser así.

Mediante una medida cautelar, papá y mamá de Julia lograron que que OSDE brinde lo que indica la legislación vigente: cobertura integral de la prestación con atención personalizada; atención en el horario del almuerzo; estrategias de regulación sensorial frente a conductas disruptivas, estimulación interdisciplinaria y aceptación de supervisión de profesionales externos de las distintas áreas del neurodesarrollo. Lo consiguieron en el único lugar capacitado para tal fin: el Centro Terapéutico Fundación ‘Nuestro Ángel’, ubicado en Devoto, que fue el recomendado por los profesionales que siguen el caso de la menor.

La sonrisa de Julia, lejos de las tramitaciones judiciales que mamá y papá encaran para darle lo que necesita (las fotos de la menor se publican con autorización de la familia)

Esa recomendación del profesional que supervisa el caso de la nena contemplaba el mejor lugar disponible para el tratamiento que su condición requiere. “Julia es una nena muy inquieta, necesita atención cien por ciento, y no hay lugares que se dediquen a lo que su cuadro exige. Estuvo casi dos años sólo con terapias domiciliarias hasta que una terapeuta, María Rosa Nico, nos recomendó un lugar que no coincidía con los que nos ofrecía OSDE”, explicó Delucchi en conversación con Primer Plano Online.

Dolores y el papá de Julia decidieron anotar a la nena en ‘Nuestro Ángel’, el lugar indicado y sugerido. ¿Qué padre o madre no lo haría si tiene la convicción de que es lo mejor para su hijo o hija? Pero ahí empezaron las barreras: la obra social respondió que ese centro no era prestador suyo. El tratamiento mensual tiene un costo a hoy día de $70 mil, y apostaron por la vía judicial. A través de una cautelar, la respuesta favorable llegó rápida. Y arrancó el tratamiento en 2016.

Pero OSDE apeló y dejó todo en suspenso. A los papás poco les importó lo que pasaba en tribunales, porque notaban los cambios positivos que experimentaba su hija. “Es un lugar con su perfil, la edad de sus compañeritos, profesionales muy capacitados. Se adaptó rápido, mejoró muchísimo e incorporó habilidades”, precisó Dolores. Todo iba bien, detrás de la ilusión de dotar con calidad de vida a la nena.

Pero en un hecho difícil de explicar, más allá de la argumentación esgrimida, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal le dio la razón al recurso interpuesto por OSDE y dio vuelta la cautelar. Es decir, ahora la obra social sólo debe cubrir el equivalente al 20 por ciento del tratamiento de Julia.

La parte resolutiva del fallo de los camaristas Alfredo Silverio Gusman, Eduardo Daniel Gottardi y Ricardo Gustavo Recondo que le dio la razón a OSDE

En los fundamentos, los camaristas Alfredo Silverio Gusman, Eduardo Daniel Gottardi y Ricardo Gustavo Recondo se tomaron del artículo 6 de la Ley 24.901 que establece que la obligación de los agentes de seguro de salud es “brindar las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados a tales efectos”. Justamente, la norma que usó la empresa para recurrir el fallo de primera instancia.

El argumento de papá y mamá de Julia, a través de sus abogados, fueron que “ninguna de las instituciones ofrecidas por OSDE cumple con las indicaciones terapéuticas dispuestas por el neurólogo infantil responsable del tratamiento médico de la afiliada”. Pero la justicia decidió que la niña debe cambiar de institución prestadora o, de lo contrario, el tratamiento lo deben pagar su familia y sólo un porcentaje la obra social.

“Con la pandemia, Julia empeoró muchísimo. Tuvo convulsiones, episodios que nunca había tenido, engordó diez kilos, y a casi todos los nenes que asisten les pasó lo mismo. Recién ahora, después de una larga lucha, habilitaron el protocolo para que puedan asistir tres veces por semana, pero mientras tanto, para no perder la vacante, tuvimos que seguir pagando todo el año la cuota. Vendimos el auto, pedimos prestado, pero ella lo necesita”, reflexionó Delucchi.

Ahora, el trámite judicial está en la Corte Suprema, esperando que el máximo tribunal pueda hacer justicia. No sólo por Julia, sino por cientos de nenes y nenas que requieren de esa protección. Incluso hay, en el mismo centro terapéutico, familias cuyo reclamo cayó en otra sala de la misma Cámara de Apelaciones y la respuesta fue favorable. “Si piensan que nos vamos a rendir están equivocados”, cerró Dolores.

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