Cuatro médicos y una licenciada en Obstetricia están siendo juzgados en los Tribunales de Morón por la muerte de una embarazada y su bebé en el vientre materno. El hecho ocurrió en la clínica Agüero, de ese distrito, y se espera que la semana que viene se de a conocer la sentencia.
Las audiencias se llevaron a cabo en el Juzgado Correccional Nº 2, a cargo del juez Lucas Varangot. La fiscal del debate es Carolina Rodríguez y en el banquillo como acusados se encuentran sentados los médicos Juan Carlos Copacaba Carmona, Marco Antonio Ayllon Juanes, Carlos Enrique Camargo Montero (médicos y de nacionalidad boliviana los tres); Carlos Eduardo García (tocoginecólogo, de nacionalidad argentina) y María Marta Potenza, de profesión Licenciada Obstétrica (argentina).
Las víctimas del hecho, que arrancó el 8 de mayo de 2013 y finalizó el 15 de ese mes con sus decesos, fueron Mariela del Valle González y su bebé por nacer. La mujer cursaba su semana 34 de gestación y sentía un fuerte malestar en todo su cuerpo, con dos síntomas que fueron puntuales y ahora se ventilaron en el juicio: dolor en el hombro derecho y vómitos. “El dolor en esa zona del cuerpo es reflejo de un problema derivado del hígado”, describió uno de los peritos que expuso su conocimiento convocado por las partes.
Como publicó Primer Plano Online en su momento, la mujer fue con su marido a la guardia del centro asistencial porque pretendía que un médico diagnostique ese malestar para llegar más tranquila al parto. “Yo soy plomero. A mi mujer lo único que tendrían que haberle hecho era tomarle la presión. Con ese estudio podría haber sido todo distinto”, narró Luis Zayas, el viudo de Mariela, cuando declaró ante el magistrado. Sin embargo, a su esposa le recetaron un gel con Diclofenac para la contractura muscular y paracetamol.
Cuatro días más tarde, todavía con el generalizado malestar, se volvió a presentar en la clínica y su marido pidió que la atiendan lo antes posible. Incluso, pese a que el lugar estaba abarrotado de gente, preguntó al resto de los pacientes si les molestaba que tenga prioridad, y todos consintieron.
El médico de guardia, por la insistencia del Zayas, le pidió que se hiciera un laboratorio completo y aguardara los resultados, que fueron alarmantes. Así terminó todo en que el bebé ya no tenía latidos. Después de la cesárea Mariela quedó internada en sala común por algunas horas, hasta que se descompensó y también terminó muriendo por fallas multiorgánicas.
“Tengo mucho miedo”, alcanzó a decirle al marido antes de ser trasladada de urgencia al quirófano, en donde no pudieron sacarla de la descompensación general. “Sálvenla, sálvenla”, gritaba Luis mientras observaba cómo los médicos hasta se subieron encima de su mujer para intentar reanimarla. Según determinó la autopsia, la causal de ambas muertes fue el Síndrome de Hellp, que es una de las complicaciones maternas y fetales más graves durante el embarazo, que causa problemas en la sangre y el hígado de la madre.
En el juicio hubo una coincidencia general: es trascendente la toma de presión para tener un panorama claro del cuadro. No lo hicieron. Ni tampoco tuvieron en cuenta los profesionales que la atendieron que Mariela ya había perdido un embarazo. Por caso, la licenciada en obstetricia sólo comprobó latidos del bebé, y en el juicio se defendió argumentando que a ella le llegó la mujer en medio de una guardia y que pensó que lo había hecho alguien previamente ese estudio.
La fiscal Rodríguez, luego de la prueba ventilada en el debate, consideró que “ninguno de los profesionales que intervinieron en su asistencia médica han siquiera sospechado como diagnóstico diferencial la patología que finalmente presentó, el síndrome de Hellp”, por lo cual concluyó que “han obrado todos con impericia en su profesión”.
La funcionaria solicitó las penas por el delito de homicidio culposo para Marco Antonio Ayllon Juanes, de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer su profesión por el término de diez años; a María Marta Potenza la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer su profesión por el término de cinco años; para Juan Carlos Copacaba la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer su profesión por el término de siete años; y para Carlos García la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer sus profesiones por el término de diez años.
Desistió de pedir condena la fiscal para Carlos Enrique Camargo Montero por considerar que no se acreditó que en su escasa intervención haya actuado en contra de lo que indica su deber.
El abogado de la familia de Mariela, Yamil Castro Bianchi, pidió penas más duras y para todos los implicados. Pero, además, señaló en su alegato que el caso “debe resolverse bajo perspectiva de género”, porque hubo “violencia obstétrica” contra la víctima, que consiste en “maltratos denigrantes a la paciente en contexto de gestación”.
El letrado solicitó cuatro años de prisión para Copacaba, Camargo, Potenza y García, y cinco años de cárcel para Ayllon Juanes, además de la inhabilitación para ejercer la profesión. Ahora será el juez Varangot el que tenga la última palabra.
