La justicia de La Matanza volvió a matar al colectivero Pablo Flores. Es que el crimen del chofer de la línea 218 perteneciente a la empresa Almafuerte ocurrido el 1 de octubre de 2020 quedó impune: los tres acusados de haberlo cometido, incluso al que le secuestraron el arma homicida, fueron absueltos por el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 5, que además ordenó revisar todo lo hecho en la instrucción de la causa y dispuso la liberación de dos de los imputados.
Como si eso fuera poco, otro capítulo que no tiene explicación es lo que decidieron los jueces Matías Mariano Deane, Eduardo Alberto Sbriz y la jueza Gabriela Silvia Rizzuto: prohibieron el acceso de la prensa a la lectura del veredicto de un juicio oral y público que se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams. Es decir, todo lo que se reconstruye en este artículo fue conversado con las partes implicadas, porque el tribunal impidió el trabajo periodístico.
Lo cierto es que Adrián Marone, su padre Néstor Marone y Oscar Vega, el dueño del Peugeot 504 que se observó yendo a la escena del asesinato del chofer, fueron absueltos por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido con el concurso premeditado de más de dos personas y con alevosía, calificación por la cual llegaron al debate privados de su libertad. Primó en la opinión del tribunal el beneficio de la duda. Es decir, no se pudo probar que fueron los asesinos.
De los tres, el único condenado fue Néstor Marone, porque en su domicilio la Policía secuestró el arma que luego se comprobó fue con la que dieron muerte al chofer. Por ese hecho, además de la tenencia ilegal de otro revólver, el TOC 5 le aplicó la pena de cuatro años de prisión más la declaración de reincidencia, con lo cual deberá cumplir completa la sentencia y no tendrá beneficios.
LA SORPRESA Y EL RECHAZO DE LAS PARTES
Nadie quedó conforme con el veredicto del tribunal. Por caso, el abogado Fernando Soto, representante legal de la viuda del colectivero, Lorena Cáceres, aseguró a Primer Plano Online que la familia tomó “con mucha indignación” el fallo. “Los responsables de la impunidad de los asesinos de Pablo Flores son los jueces y los fiscales”, afirmó y, si bien se quejó de la instrucción del caso, consideró que “con las pruebas que había el tribunal podría haber condenado” a los acusados. “Van a tener que dan cuentas todos por denegación de justicia”, enfatizó.
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Para dar un breve y rápido panorama, el crimen fue cometido el 1 de octubre de 2020, cerca de las 21.45, en la parada de colectivos ubicada en las calles Río Orinoco y Fernández, a la altura de la rotonda del barrio San Javier, de Virrey del Pino. Esa noche, Flores reemplazaba a un compañero a bordo del interno 75 de la línea 218 de la empresa Almafuerte, cuando, según testigos, dos hombres pararon el colectivo, se acercaron por el lado izquierdo de la unidad a la ventanilla del conductor y efectuaron varios disparos, tres de los cuales dieron en la cabeza del chofer, que murió en el acto.
Desde un primer momento se sospechó que Flores era la víctima equivocada y las balas no eran para él. Sin embargo, esa hipótesis, que podría explicar el móvil del asesinato, nunca se profundizó. Un fuerte reclamo del gremio UTA y de los compañeros del colectivero le metieron presión a la investigación, que así y todo logró conseguir elementos de prueba para esclarecerlo. Para el TOC 5, esas evidencias fueron endebles.
Por ese motivo denunciaron al fiscal Federico Medone, de la fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, por “deficiencias” e “irregularidades” en la investigación, mientras que ordenaron continuar la causa para dar con los asesinos de Flores. Sin embargo, nada dijeron en el tribunal sobre el juez de Garantías que avaló las actuaciones ni de la propia Cámara de Apelaciones de La Matanza, que confirmó cada paso que se dio en el voluminoso expediente.
El abogado Hugo López Carribero, que patrocina a la hermana de Flores, y el propio fiscal del juicio, Carlos Luppino, anticiparon a Primer Plano Online que apelarán el fallo. En el caso de la Fiscalía, el planteo estará vinculado a que el Tribunal de Casación condene a los acusados o que se anule el juicio y se realice otro. Para Luppino, la absolución es nula porque “viola las reglas de la lógica: con las pruebas que se ventilaron quedó claro que participaron en el crimen”, concluyó.
Cabe aclarar que el fiscal había solicitado en el debate la pena de prisión perpetua para Vega, acusado de llevar a los asesinos hasta el lugar del ataque al colectivero a bordo de un Peugeot 504 blanco y luego ayudarlos a escapar, y de 18 años para Néstor Marone (el que tenía el arma en su poder) como partícipe secundario. No había pedido condena para Adrián Marone por considerar que la prueba en su contra no era contundente.
