Una situación por demás confusa y propensa a no llegar a la verdad se está viviendo en torno al juicio por los supuestos abusos en el Jardín Alberdi, de Morón. Si bien hay dos instancias judiciales que ya definieron que la nulidad pedida por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 fue “apresurada” y tomada en base a un “fundamento especulativo”, lo cierto es que aún no se sabe cómo y cuándo continuará el debate para intentar llegar a la verdad de lo ocurrido.
Para hacer un recuento rápido de los hechos, en la segunda audiencia del juicio que se inició en mayo de 2017 la fiscal Carolina Rodríguez pidió que se declaren nulas las audiencias por haberse descubierto que los honorarios de los abogados defensores del imputado, Marcelo Laruffa y Claudio Nitzcaner, eran pagados por el establecimiento educativo en el que ocurrieron los supuestos abusos contra niños que acudían allí. Eso, según la mirada de la representante del Ministerio Público, se daba de bruces con la posibilidad de que el jardín participe en la causa como particular damnificado, dado que no podía estar de ambos lados del mostrador.
A partir del pedido de nulidad realizado por la fiscal y avalado por los jueces del TOC 2 Osvaldo Cedarri, Aníbal Termite y Cecilia Bearzi, tanto el apoderado del jardín, Daniel Cavo, como los defensores Nitzcaner y Laruffa interpusieron sendos recursos de Casación para reclamar en contra de la medida. Es que el tribunal de Morón dispuso, por un lado, el apartamiento del Jardín Alberdi como particular damnificado, y decretó la nulidad de lo actuado por los abogados Laruffa y Nitzcaner como defensores de José Luis Silvero, el único imputado en el caso, que permanece detenido.
¿Cómo surgió todo? A partir de la declaración de la esposa de Silvero, Sandra Noemí Bulacios, quien reconoció que la defensa de su marido la pagaba el establecimiento educativo. Pero lo curioso es que ni ella ni el imputado realizaron algún tipo de denuncia sobre eso y hasta ambos pidieron que Laruffa y Nitzcaner continúen siendo sus defensores. Por eso, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, cuyos integrantes son los jueces Mario Kohan y Carlos Natiello, consideraron que no se generó un “conflicto de intereses”, al tiempo que calificaron como “prematura” la decisión de apartar al colegio en su rol de particular damnificado y declarar la nulidad de los actos en que hayan intervenido.
En el caso de los abogado, incluso, los jueces de Casación observaron que “pretender apartarlo resulta un avasallamiento hacia la voluntad del imputado”, y consideraron que esa determinación del TOC 2 de Morón generó “un estado de indefensión” en el acusado. “Se tomó una decisión a partir de simples sospechas”, aseguraron los magistrados, quienes también entendieron que “no se probó” que el jardín y los abogados de Silvero actuaron en común “para lograr un único objetivo para obtener un resultado que no perjudique los intereses de la institución educativa”. “Es un fundamento especulativo” dado que no hubo perjuicio para ninguna de las partes, esgrimieron.
Tanto Casación como la Cámara de Apelaciones de Morón indicaron que la nulidad no debía aceptarse, pero llegaron a conclusiones disímiles: en La Plata aseguraron que los mismos jueces que dictaron la nulidad debían llevar adelante el debate, mientras que la cámara moronense indicó que se ordene un nuevo tribunal. Pero en medio de estas trabas ahora surgió un elemento nuevo: los abogados Cavo (del jardín) y Laruffa (defensor de Silvero) recusaron a los jueces Cedarri, Bearzi y Termite. Tiene que resolver Casación si la recusación corre y, en ese caso, ordenar que se sortee uno nuevo. Todo contraria la celeridad del proceso, tanto para las víctimas denunciantes como para el propio Silvero, que aguarda tras las rejas sin condena ni juicio.
Consultado por Primer Plano On Line, el abogado Adrián Corbella, representante legal de una de las familias denunciantes, reflexionó: “Me llama la atención la apreciación de la fiscal en su momento, que fue lo que trabó el desarrollo del juicio”. Es que, en rigor, la calidad de particular damnificado al jardín Alberdi fue otorgada durante la instrucción y nunca fue objetado, con lo cual esa posición llegó firme al debate oral. Haber presentado esa situación en la segunda jornada de las audiencias, cuando el informe estaba en la causa desde enero y nadie dijo nada en su momento me resulta muy llamativo”.
Lo cierto es que no hay fecha todavía para dar continuidad al juicio o iniciar uno nuevo. Hay familias que aguardan justicia frente a un delito aberrante como es el abuso sexual contra menores. Y un hombre que está preso desde hace más de tres años, con prisión preventiva, sin sentencia para saber si es culpable o inocente. Las pruebas recopiladas en la instrucción están a salvo y son válidas para la etapa del debate oral, sea cual sea el tribunal que lo tenga a su cargo. Eso es porque las cámaras Gesell fueron aprobadas y no se pueden volver a realizar por el paso del tiempo; además, para no revictimizar a las dos nenas y el varón que contaron los abusos sufridos.
