No aprendemos más. Según los registros oficiales dados a conocer por la Dirección Nacional de Migraciones más de 30 mil argentinos salieron del país entre el 13 y el 19 de marzo, cuando el coronavirus ya había sido declarado como una pandemia. Los datos corresponden a un período que se inicia dos días después de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se extiende al día en el cual el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Más aún, para entonces ya se sabía que el día 17 comenzaría la restricción para que las aerolíneas de todo el mundo aterrizaran en Ezeiza.
De acuerdo con Migraciones, la decisión de salir del país fue tomada por 30.520 viajeros. Para la dependencia oficial, «esto pone en foco la responsabilidad individual de cada una de las personas que optaron por subirse a un vehículo para traspasar las fronteras del país».
Entre los países que más visitaron los argentinos entre el 13 y el 19 de marzo se encuentran Brasil (9434 viajeros), Chile (1878), España (1160), Estados Unidos (984) y México (974), entre otros.
Ahora, desde el exterior, todos ellos reclaman al Estado argentino ser repatriados ya que las aerolíneas internacionales dejaron de volar hacia nuestro país y muy probablemente en las próximas horas se cierre por completo el tráfico aéreo del mundo entero. La pregunta obligada que surge es entonces: ¿corresponde que el Estado ponga sus recursos –escasos por cierto- al servicio de este grupo (enorme) de irresponsables que salieron del país en plan vacacional (salvo algunas excepciones, que las habrá, seguramente)? Claramente la respuesta es ‘no’. Distinta es la situación de aquellos a los que la pandemia los encontró sin saberlo ni quererlo en algún lugar del mundo y el Gobierno nacional puso vuelos, recursos humanos y fondos para traerlos de vuelta a la Argentina, como corresponde.
No se debe desatender el hecho de que estos viajeros que regresen al país deberán entrar en una estricta cuarentena que, a juzgar por su expuesta irresponsabilidad, difícilmente estén dispuestos a cumplir con la precisión que la situación amerita. Deberán para ello ser vigilados epidemiológicamente por el Estado nacional y el de sus respectivas provincias, ya que son potenciales transmisores del coronavirus. Ocasionarán más gastos todavía.
La ‘viveza criolla’ se pone una vez más de manifiesto para traducirse como irresponsabilidad social y sanitaria. Casi la misma que pusieron en práctica los poco iluminados compatriotas que hicieron fila en una ruta pinamarense para aprovechar unos días sobre el fin del verano en la costa argentina en medio de la pandemia, o aquellos que salen de sus casas para pasear al perro o tomarse unas cervecitas en las plaza, violando el aislamiento obligatorio y pasándose por ‘ahí’ todo, a todas y a todos.
