El viernes a última hora ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, no pagarán el impuesto a las Ganancias si ganan menos de $ 150.000 por mes brutos, antes de los descuentos de jubilación y salud y sin considerar el aguinaldo. Este nuevo “piso” será actualizado anualmente.
En caso de aprobarse, tampoco pagarán el tributo las personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta ocho haberes mínimos que hoy son $ 152.280, valor que se ajusta cada tres meses por la movilidad. El autor del proyecto es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Si la iniciativa prospera, y no parece haber en el horizonte fuerza política que se anime a rechazarlo, por la aplicación del nuevo piso “dejarían de pagar el impuesto 1.267.000 de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas”, detalla el texto. Y, de manera complementaria, 102.741 personas con remuneraciones brutas de entre $ 150.000 y $ 173.000 abonarán menos que en la actualidad para evitar “saltos” bruscos en la escala del impuesto.
Por su parte, seguirán pagando Ganancias sin cambios 733.000 asalariados y jubilados que ganan por encima de los $ 173.000 mensuales, “volviendo al porcentaje histórico de que paguen Ganancias sólo el 10% de los que tienen mayores ingresos”, dice el texto. En 2020, pagaron Ganancias 2,3 millones de personas, equivalente al 25% de los trabajadores dependientes.
Asesores del titular de la Cámara de Diputados aseguran que Massa en persona anticipó el proyecto a todos los sectores de la coalición de gobierno. Y que en una reunión con gremialistas les informó que lo estaba trabajando en equipo con el Ejecutivo, Economía y AFIP. “Pueden existir algunos detalles, pero con el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo», dijeron esas fuentes ante una consulta de Clarín.
En tanto, los asesores de Massa adelantaron que se está estudiando un esquema similar para los autónomos y jóvenes profesionales, que en la actualidad comprende a medio millón de personas, y que tienen un mínimo no imponible más bajo y pagan proporcionalmente más que el resto de la llamada «cuarta categoría».
