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domingo, febrero 16, 2025
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Hugo Moyano denunció al procurador bonaerense Julio Conte Grand: se considera víctima de espionaje ilegal

El líder del gremio Camioneros y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, presentó hoy una denuncia penal sobre varios funcionarios de la justicia provincial para pedir que se investigue si fue víctima de espionaje ilegal. El texto fue radicado por el ex juez federal Daniel Llermanos en su doble rol de víctima en la causa y de abogado del líder sindical.

Según pudo saber Primer Plano Online, en el pedido tanto el camionero como su letrado piden investigar al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, al falso abogado detenido Marcelo D’Alessio y al actual titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, entre otros.

La denuncia se hace extensiva a varios protagonistas de distintos ámbitos. Son:

1) Marcelo Dalessio, actualmente detenido por orden del Juzgado Federal de Dolores

2) Procurador General bonaerense Julio Conte Grand

3) Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Sebastián Scalera

4) Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Pablo Rossi, al Fiscal de Lomas de Zamora –UFI 1 Lanús- Mariano Leguiza Capristo.

5) Ex titular del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Xavier Areses (en rigor es el actual jefe del área)

6) Senador bonaerense Juan Pablo Alan (Juntos por el Cambio)

7) Secretario de la Fiscalía General Juan Pablo Donofrio y a todos los que hubieran participado como partícipes y/o encubridores de los delitos señalados.

Además, Moyano y Llermanos reclaman que se convoque como testigos a los ex ministros bonaerenses de Seguridad y de Justicia, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, respectivamente; al camarista contencioso administrativo de La Plata, Gustavo Scaparotel; al ex intendente de La Plata, Pablo Bruera; al titular del PJ La Plata, Luis Lugones; al actual Intendente de La Plata, Julio Garro; al abogado mediático Gabriel Iezzi; y al funcionario de la Suprema Corte provincial, Max Perkins, entre otros integrantes de una larga lista.

Según argumentaron los denunciantes, la mesa judicial estaba integrada por “un conjunto de funcionarios públicos que ostentando poder de turno, realizaban maniobras de dudosa legalidad para espiar, perseguir y encarcelar opositores políticos, gremiales y sociales a las políticas de la alianza Juntos por el Cambio que integran la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica”.

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