Un delito que parece definitivamente queda como marginal en la Argentina es el secuestro extorsivo. Según datos oficiales, en lo que va de 2023 hubo apenas seis hechos de estas características, que es la interceptación de una persona con una exigencia de pago de rescate para su liberación.
Si se toma como parámetro que al crearse la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), conducida por el fiscal federal Santiago Marquevich desde su puesta en funcionamiento en 2015, hubo 294 hechos ese año y en 2022 apenas 27 casos, con lo cual podría afirmarse que la política pública oficial para combatir a las bandas dedicadas a cometer esos ataques fue efectiva.
Así, en el primer cuatrimestre de 2023, los secuestros extorsivos alcanzaron un mínimo histórico: hubo cuatro hechos, de los que fueron víctimas tres varones mayores de edad y una mujer de entre 16 y 18 años (así se informó oficialmente). A ese registro hay que computarle el conocido recientemente: en mayo hubo dos privaciones de la libertad, ambos hechos ocurrieron en La Matanza (Ciudad Evita y González Catán) y por los tuvieron que pagar rescate los entornos familiares para lograr sus liberaciones.
Los otros cuatro secuestros en lo que va de 2023 fueron en Ramallo, Esteban Echeverría, La Matanza -aunque la víctima fue raptada en el Bajo Flores porteño y liberada en la zona del Mercado Central- y en la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.
El relevamiento de los datos, desde 2015 hasta la finalización de mayo de este año, indica la consolidación de la tendencia decreciente de este delito: en 2015 existieron 294 secuestros extorsivos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27; y en los primeros cinco meses de este año sólo se registraron seis casos, lo que implica la cifra más baja de casos en nueve años.
