Una nota firmada por María Inés Giménez en su carácter de secretaria general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) departamental Morón y presentada el superintendente del edificio de los tribunales locales, el camarista Fernando Bellido, volvió a poner en el centro de la discusión las medidas de seguridad que protegen al edificio de las dependencias de prestación de justicia en la zona oeste del conurbano.
El escrito solicita que se arbitren “los medios necesarios para contar con personal de seguridad tanto en el edificio central de tribunales como en sus alrededores”, y explica que amerita el reclamo “los hechos delictivos que vienen ocurriendo tanto dentro como fuera” del palacio tribunalicio. En rigor, desde el gremio consideran que está en peligro “la integridad de los agentes” que prestan el servicio de justicia. Primer Plano Online reveló en diversos artículos hechos concretos que ocurrieron en las oficinas de jueces y funcionarios judiciales.
Consultado por Primer Plano Online, Fernando Bellido, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Morón, detalló que recibió la nota y se entrevistará con el gremio mañana. El magistrado cumple el rol de superintendente y es el encargado de supervisar el cumplimiento de lo que la Corte ordena en materia edilicia y de personal, y a la vez proponer y disponer medidas de organización interna del Departamento Judicial. «Por una acordada de la Corte de 2010, los jueces no podemos dirigirnos al ministerio de Seguridad para pedir custodias policiales de edificios del Poder Judicial. Tenemos que gestionarlas a través de la Suprema Corte. En ese sentido, el 22 de junio le dirigí una nota al presidente de la Corte que la giró al ministerio de Seguridad provincial, quienes contestaron que no tenían personal para cubrir la necesidad planteada», detalló el juez Bellido.
Asimismo, explicó que “la seguridad en el edificio de tribunales es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, mientras que en las Fiscalías, tanto en las oficinas de la calle Colón como en las dependencias descentralizadas, corresponde a la Procuración General bonaerense”. Además, aceptó que lo que ocurre en las calles cercanas, donde muchos trabajadores suelen dejar sus vehículos particulares, también fue motivo de reclamos al Municipio y a la Policía. “Pero no tenemos injerencia sobre lo que sucede en la vía pública”, aclaró. Además, controlar el cumplimiento del servicio de seguridad de la Policía que depende del Ministerio de Seguridad.
En otro orden, el magistrado reveló que ya licitada y adjudicada la compra de 130 cámaras para el palacio de tribunales. Desde el pasado 29 de agosto, el expediente se encuentra en la Contaduría General de la Provincia. Una vez finalizada la parte burocrática vendrá la etapa de implementación del plan, por caso, del personal ocupado de administrar los dispositivos, que en principio deberá ser personal del Poder Judicial.
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“Las cámaras van a grabar y a poner a disposición de las autoridades que lo requieran en el marco de causas que se investiguen”, señaló Bellido ante la pregunta de Primer Plano Online. El número de cámaras y su disposición fue determinado por la Suprema Corte. La licitación se dispuso un poco a partir del reclamo sectorial de jueces y funcionarios y otro tanto por decisión pura y exclusiva de los supremos.
