El Foro por la Niñez del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas elaboró un duro documento a modo de radiografía de la situación que atraviesa la infancia en la Argentina en el marco del debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad.
“Las infancias no son responsables del deterioro social; son víctimas de la falta de acceso a derechos básicos. Cualquier estrategia orientada a abordar las problemáticas infantojuveniles debe priorizar la protección de derechos y la reducción de la desigualdad estructural como eje central”, aseguraron desde el organismo.
Entre las conclusiones más relevantes del documento se destacan datos como:
•El 67,1% de niños, niñas y adolescentes (NNA), cifra que representa casi 9 millones de personas, vive en situación de pobreza estructural. Es un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2023.
•La indigencia infantil casi se duplicó en el mismo período, afectando al 27,3% de los menores de 18 años (3,6 millones).
•Más del 53% de los adultos en hogares con NNA se encuentra en situación de empleo precario o desempleo.
•La pobreza entre los ocupados trepó al 44,7%, afectando incluso a trabajadores formales, cuya tasa de pobreza se duplicó al 29,4%.
•Casi el 30% de los NNA vive en viviendas inadecuadas en términos de calidad de materiales y saneamiento.
•Un 41,9% de los NNA solo tiene acceso a la salud pública, enfrentando recortes presupuestarios significativos en el sistema sanitario.
•El 52% de los hogares con NNA dejó de comprar algún alimento esencial, siendo la leche y la carne los más recortados.
•Un 7,4% de los niños y niñas debió saltearse una comida diaria debido a la insuficiencia de ingresos.
Según el estudio, las medidas de ajuste fiscal “han reducido significativamente el gasto público en programas dirigidos a la infancia”. A modo de ejemplo graficaron que “las partidas destinadas a infraestructura educativa y acceso a tecnología sufrieron recortes de hasta el 70%”.
Incluso la proporción del gasto público en niñez cayó al 1,6% del PBI, “el nivel más bajo en los últimos años”, se precisó. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones que promuevan su desarrollo integral. “Criminalizar a las infancias no resolverá problemas estructurales que requieren políticas inclusivas y redistributivas”, completaron.
