El presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, fue denunciado por directivos de la entidad empresaria ante la Inspección General de Justicia (IGJ), debido a que el balance que presentó incluye gastos millonarios injustificados. La impugnación del balance de 500 millones puso la lupa sobre el gasto de 30 millones en abogados y 9 millones en artículos de librería, entre otros ítems sospechosos. Pero no es la única impugnación que enfrenta el misionero.
Según informó el sitio La Política Online, el bloque de pymes de tradición peronista cree que Díaz Beltrán debería haber dado un paso al costado luego de que fracasara el modelo económico de Macri al que no criticó durante la destrucción masiva de pymes que caracterizó a su gobierno.
Por el contrario, CAME fue el escenario de la celebración con Macri por el día del Empresario en 2018 y de la promesa de Dante Sica de que las tasas iban a bajar y nunca lo hicieron, lo que se tradujo en el cierre a cuenta gotas de un total de 24.500 de pymes en los cuatro años de gestión. Y si bien hubo planteos por la tasa de interés, el reclamo quedó disuelto en elogios al ex presidente.
En cambio, en el entorno de Díaz Beltrán acusan a La Cámpora de querer copar la CAME y señalan que las denuncias presentadas son parte de esa embestida. Él mismo, en una entrevista a Clarín, hipotetizó que se trata de una forma de presión política para acallar que durante el gobierno de Alberto Fernández, con la cuarentena, se aceleró la muerte de pymes.
Sin embargo, quienes encabezan las críticas lejos están de La Cámpora. El primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la Sociedad Rural de Córdoba, aunque un ruralista atípico para los estándares de la SRA ya que abiertamente dijo haber votado a Alberto Fernández. Y quien también lo critica es Horacio Alonso, el ex diputado cercano a Massa que Alberto Fernández designó como interventor de la obra social de los empresarios y monotributistas, Osdepym.
Ahora, se suma también la denuncia de su actual vicepresidente primero, el fueguino Diego Navarro que advierte que durante 2019 se movieron unos $500 millones de la institución de forma poco transparente. En especial, señala que aparecieron grandes gastos de librería y de servicios profesionales «dibujados» por más de $30 millones.
