Alrededor de 850 personas por día mueren en Argentina. La multiplicidad de órganos y tejidos que podrían ser aprovechados a partir de ese número servirá, a partir de la aprobación de la Ley Justina, para que no sean nunca más 11 mil personas las que esperen por un trasplante para salvar su vida o mejorar la calidad de su salud. Pero lo que a todas vistas pareciera una norma de avanzada, de repente abrió una nueva forma de grieta a nivel social, y son cada vez más las voces que rechazan el hecho de que un papel los obligue a convertirse en donantes. Como siempre en la Argentina, todo se debate, todo se discute y todo es blanco o negro.
Ahora, entre otros aspectos, a 48 horas de la sanción unánime de la ley, lo que se pone en tela de juicio es el hecho de quitar la potestad a las familias para decidir sobre los órganos de las personas fallecidas que no manifestaron ni a favor ni en contra lo que pretendían que hagan con sus restos una vez que la vida se acaba. En las redes sociales de Primer Plano Online, por ejemplo, ese diferendo de opiniones se intensificó: por un lado están quienes lo consideran un atropello por parte del Estado sobre el cuerpo de las personas, y por el otro los que defienden el cambio de paradigma que propone la nueva norma e invitan a los que no acepten que sus órganos sean donados a que manifiesten su voluntad y con eso terminar la polémica.
“No me voy a detener en personas que estén en contra. Lo que quiero dejar en claro es que nosotros no le vamos a arrancar los órganos a nadie, y que nuestra pretensión es mejorar la calidad de vida de 11 mil personas que están esperando un órgano”, le dijo el titular del directorio del INCUCAI, Alberto Maceira, al programa periodístico Primer Plano Recargado.
Al respecto, también aclaró que “la ley la escribimos nosotros”. “Los papás de Justina habían presentado un proyecto que era muy chiquitito y nos pusimos a trabajar juntos para modificarla. En tiempo récord hemos hecho una ley que nos enorgullece y que nos posiciona como uno de los organismos de avanzada en el mundo”, agregó en conversación con Adrián Noriega.
Entre el miércoles -que Diputados sancionó la nueva ley- y el viernes, 331 personas se anotaron en el registro del INCUCAI como donantes de órganos, con lo que el registro tiene actualmente 3.067.165 personas inscriptas. En tanto, 47 se inscribieron en el registro de «no donantes», y el total es de 1.058.626 voluntades negativas. Maceira también afirmó que “nadie va a ir en contra de la familia, no nos podemos pelear”. Aunque sí que quitó de la nueva norma la necesidad de que la familia firme un testimonio sobre la voluntad del fallecido para agilizar los procesos. De todos modos, quedará para la reglamentación –para la cual el Ejecutivo tiene 90 días hábiles- definir qué lugar tendrá la familia.
